Fernando Moctezuma Ojeda.
La revuelta Reforma Judicial ha entrado en una etapa crítica, y el debate sobre su implementación ha sacudido a diversos sectores de la sociedad. Este tipo de reformas no es ajeno a otros países, donde la revisión del sistema judicial ha surgido como una necesidad imperiosa para garantizar justicia efectiva y transparente; sin embargo, el caso de México plantea desafíos únicos, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es palpable y la independencia del poder judicial está bajo fuertes presiones.
Uno de los problemas más profundos que enfrenta la reforma es la falta de confianza en las instituciones judiciales. En México, como en muchos otros países de América Latina, el sistema judicial es percibido por amplios sectores de la sociedad como una extensión del poder político, lo que compromete su legitimidad. Casos de corrupción y favoritismos han alimentado esta percepción, haciendo que cualquier reforma, por necesaria que sea, sea vista con escepticismo.
La pregunta que surge entonces es: ¿cómo podemos reformar un sistema que no cuenta con la confianza de aquellos a quienes debe servir? Sin un cambio en la percepción pública, las reformas podrían resultar inútiles, ya que la justicia no solo debe ser eficiente, sino también percibida como justa e imparcial. De lo contrario, seguirá siendo vista como un instrumento del poder político.
Otro factor que complica el panorama es la diversidad de intereses en juego. Grupos empresariales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos tienen visiones contrastantes sobre lo que debe ser una reforma judicial efectiva. Cada uno defiende sus propios intereses, lo que puede llevar a un estancamiento en el diálogo y a la falta de consensos necesarios para avanzar.
La clave, sin embargo, está en encontrar puntos de coincidencia. La pluralidad no debe ser vista únicamente como un obstáculo, sino como una oportunidad para enriquecer el debate y construir una reforma inclusiva que represente a todas las voces de la sociedad.
El marco normativo y las estructuras judiciales existentes son otro freno importante. Las reformas judiciales suelen requerir cambios legislativos complejos, que en muchos casos encuentran resistencia por parte de actores políticos con agendas propias. Las estructuras judiciales obsoletas, que no se adaptan a las nuevas realidades sociales y tecnológicas, son parte de este problema.
En este sentido, la falta de voluntad política para emprender reformas profundas ha sido un impedimento constante. La reforma judicial no debe limitarse a la mejora de la eficiencia administrativa del sistema, sino que debe contemplar una actualización estructural que permita su adaptación a las nuevas demandas sociales.
Las repercusiones sociales de una reforma judicial no deben ser subestimadas. El sistema de justicia, tal como se encuentra hoy, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la cohesión social. Si bien las reformas suelen buscar mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de espera, es crucial garantizar que estas mejoras no impliquen una reducción en el acceso a la justicia o un retroceso en la protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, cualquier reforma judicial debe ser analizada desde una perspectiva de derechos humanos. No puede haber un verdadero avance sin asegurar que las personas más vulnerables mantengan su acceso a la justicia y sus garantías fundamentales no sean erosionadas.
Un aspecto central del debate es el riesgo de politización del sistema judicial, particularmente cuando se propone la elección popular de jueces y magistrados. Esta medida, si bien busca democratizar el acceso a las instituciones judiciales, plantea serios riesgos para la imparcialidad del sistema. La elección popular podría abrir la puerta a influencias políticas y económicas que minen la independencia del poder judicial, convirtiendo a los jueces en figuras susceptibles a presiones externas.
El riesgo de que los jueces respondan a intereses políticos en lugar de actuar con objetividad y basados en el derecho es una amenaza que no puede ser ignorada. En lugar de fortalecer el sistema judicial, esto podría desvirtuar su papel como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, debilitando la democracia misma.
Frente a estos desafíos, es fundamental fomentar un diálogo inclusivo y constructivo. La participación ciudadana y el compromiso de todos los sectores son esenciales para legitimar el proceso y asegurar que las reformas no solo sean efectivas, sino que cuenten con el respaldo de la sociedad. Solo a través del diálogo podremos construir un sistema judicial que sea verdaderamente independiente, eficiente y justo.
La reforma judicial en México no puede ser vista como un asunto meramente técnico o legislativo. Se trata de un desafío que requiere la colaboración de todos los actores sociales y políticos. La independencia del poder judicial debe ser el principio rector de cualquier reforma, pero para lograrlo es necesario superar la desconfianza, encontrar consensos entre los distintos intereses y mantener un compromiso inquebrantable con los derechos humanos.
Este proceso no será sencillo, pero es indispensable para fortalecer el estado de derecho en México y construir una justicia que sea imparcial, accesible y efectiva. La responsabilidad recae en las instituciones, en los políticos y, sobre todo, en la ciudadanía. Solo a través de un esfuerzo colectivo se podrá alcanzar un sistema judicial digno de la democracia que México aspira a ser.
APUNTES CLAVE:
CÁÑAMO: El Senado de la República aprobó una iniciativa para impulsar la industrialización del cáñamo en Puebla, con la creación de una planta de procesamiento que producirá alimento, materiales de construcción, combustible y papel. El gobernador electo Alejandro Armenta destacó los beneficios económicos para el campo poblano y el impacto positivo en el medio ambiente, como la recuperación de ríos. Además, se realizó una jornada comunitaria de salud y bienestar en Izúcar de Matamoros, organizada por la Red Estatal de Mujeres Armentistas, beneficiando a 311 personas con diversos servicios médicos y jurídicos. //PARIDAD: La Senadora Carolina Viggiano expresó su preocupación por la falta de paridad en el Poder Judicial y denunció la inequidad que afecta a las juezas debido a las rotaciones que complican su estabilidad familiar. Además, criticó la reforma judicial, calificándola como “vengativa” y alertando sobre su impacto negativo en las acciones afirmativas y la autonomía judicial. //ELECTORAL: El Diputado Federal Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, criticó las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalando que fueron realizadas de forma apresurada y con múltiples errores técnicos. Moreira advirtió que su bancada votará en contra, debido a la falta de deliberación democrática y deficiencias en la redacción. Además, expresó preocupación por las nuevas atribuciones de la presidenta del INE y por la posible crisis constitucional que estas reformas podrían generar. //MÉXICO-QUERÉTARO: La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a los trabajos preliminares del Tren México – Querétaro, que conectará la Ciudad de México con Querétaro en un recorrido de 225 kilómetros. La obra, que tomará tres años, incluirá 77 puentes, 12 túneles y creará 490 mil empleos. Además, se construirán dos vías adicionales hacia el norte, una hacia Nogales y otra hacia Nuevo Laredo, impulsando el desarrollo de la región.
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