Por. Boris Berenzon Gorn
¿Por qué hablamos de la Ley Olimpia? Los derechos humanos son los cimientos de una sociedad democrática, equitativa y transparente. Estos derechos no solo protegen las esferas públicas, sino que son decisivos para asegurar que la privacidad y la dignidad de las personas sean respetadas en todos los ámbitos de sus vidas, tanto públicos como íntimos. En la actualidad, el entorno digital ha ampliado el debate sobre los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la protección de la intimidad y la prevención de la violencia en la red. En este contexto, la Ley Olimpia, promulgada en México, representa un anticipo significativo al abordar la violencia digital, garantizando que las personas afectadas por la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de acoso en línea cuenten con una protección legal eficaz. Se trata de romper con los linchamientos virtuales y los excesos virtuales en nuestra sociedad.
Siempre es una fiesta de la conciencia recordar al filósofo español transterrado Adolfo Sánchez Vázquez, ilustrado en los estudios de la ética, Don Adolfo afirmaba que. “hasta la tolerancia tenía límites”. Pues no todo es relativo. Esta reflexión de fondo contrasta con el relativismo que propone Richard Rorty en su visión posmoderna, donde las verdades son contingentes y se moldean según las prácticas sociales, nos lleva a una postura más firme respecto a la ética y los derechos humanos. En un mundo donde se promueve una cultura “light” o “líquida” (como la describe Bauman), resulta esencial reconocer que los derechos humanos, fundamentalmente en el entorno digital, no pueden flexibilizarse bajo el pretexto de una modernidad sin límites éticos. La protección de la dignidad humana es, en este sentido, innegociable, y no puede quedar sujeta a interpretaciones relativistas que diluyan su importancia en la era digital.
La Ley Olimpia surgió como respuesta a la violencia que enfrentó Olimpia Coral Melo Cruz, quien en 2014 sufrió la difusión no consentida de un video íntimo, lo que desató una serie de abusos y negligencias institucionales. Su caso y su lucha impulsaron una reforma para tipificar la violencia digital en el Código Penal de Puebla, lo que posteriormente se replicó a nivel nacional. Esta ley ha transformado la manera en que se aborda la violencia en línea, y su importancia radica en que no tiene relación alguna con la censura ni con la restricción de la libertad de expresión. Por el contrario, busca proteger la dignidad, privacidad y seguridad de las personas, principalmente mujeres, en un espacio digital donde estas garantías suelen ser vulneradas.
El avance de la Ley Olimpia refleja la creciente necesidad de proteger los derechos humanos en un entorno digital que ha sido utilizado como herramienta de control y violencia. La difusión no consentida de contenido íntimo es solo uno de los ejemplos más claros de cómo la violencia simbólica, ejercida a través del lenguaje digital, puede ser devastadora. La Ley Olimpia busca desmantelar estas formas de violencia, que, aunque no implican contacto físico, son igualmente destructivas.
Proteger los derechos humanos en el entorno digital requiere repensar las dinámicas que rigen las relaciones sociales en la web 2.0. La interacción digital, mediada por la ausencia de presencialidad, ha creado un espacio donde la violencia simbólica y sistémica, como señala Slavoj Žižek en Sobre la violencia (2008), opera de manera invisible pero poderosa. Žižek subraya que el sistema de comunicación en línea está impregnado de relaciones de poder que perpetúan la violencia, no solo a través del lenguaje explícitamente violento, sino también mediante el control estructural y la manipulación.
La Ley Olimpia enfrenta este tipo de violencia simbólica al reconocer el daño real que los actos virtuales pueden causar. La red, en su estructura misma, amplifica el impacto de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y esta ley busca ofrecer un marco legal que proteja a las personas en este entorno digital. Su implementación nos lleva a cuestionar las dinámicas de poder que operan en las plataformas digitales, y a considerar cómo garantizar el respeto a la privacidad en un espacio tan expansivo.
A nivel internacional, países como Estonia han avanzado en la consolidación de los derechos digitales, adoptando legislaciones que protegen los datos personales y garantizan la transparencia en el uso de la tecnología. El “Bill of Rights” digital de Estonia es un modelo de cómo los derechos humanos pueden ser protegidos en el entorno digital, asegurando que el acceso a la tecnología no comprometa la privacidad ni la dignidad de las personas. De manera similar, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea ha establecido un marco robusto para proteger los datos personales y evitar que las empresas abusen de la información de los usuarios.
La resistencia a la implementación de leyes como la Ley Olimpia refleja una lucha más amplia por el control de los espacios digitales. Esta oposición no proviene únicamente de quienes malinterpretan la ley como una amenaza a la libertad de expresión, sino también de aquellos que se benefician del desorden y la violencia simbólica en el entorno digital. El análisis de Žižek sobre la violencia sistémica nos permite entender que las plataformas digitales están configuradas para favorecer a ciertos grupos sobre otros, reforzando así las dinámicas de poder existentes.
La Ley Olimpia es un paso necesario hacia la consolidación de los derechos digitales en México. No se trata solo de proteger a las personas contra la difusión de contenido íntimo, sino de garantizar que el entorno digital sea un espacio donde se respete la dignidad humana. Esto requiere un marco conceptual más amplio, que incluya la formulación de derechos digitales efectivos y la construcción de un internet abierto, pero justo.
Los derechos humanos, tanto en su dimensión clásica como en el entorno digital, son esenciales para garantizar la democracia, la equidad y la transparencia en la sociedad. La Ley Olimpia es una herramienta clave para proteger a las personas de la violencia digital, y su implementación no debe interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión, sino como una garantía de dignidad y seguridad. En un mundo cada vez más digitalizado, el desafío será consolidar los derechos digitales, desmantelando las estructuras de violencia simbólica y sistémica que operan en el ciberespacio, para que internet sea un espacio accesible, equitativo y seguro para todos. En este momento histórico, donde la digitalización ha transformado profundamente nuestras interacciones y relaciones sociales, la consolidación de los derechos digitales se presenta como el camino necesario y certero para garantizar una sociedad más justa y equitativa. Enfrentamos desafíos inéditos en cuanto a la protección de la privacidad, la dignidad y la seguridad en el entorno digital, por lo que es imprescindible contar con un marco legal robusto que responda a estas nuevas realidades. En un tiempo donde las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen y las dinámicas de poderes facticos. se refuerzan a través de las tecnologías, proteger los derechos humanos en la red es la única propuesta posible. Nuestro tiempo nos demanda actuar con claridad y firmeza para que el internet sea un espacio de inclusión, justicia y respeto a la dignidad humana.
