Francisco Garfias.
Claudia Sheinbaum no va a recibir a los ministros de la SCJN. La presidenta de México dejó claro que para eso está la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
No le gustó que la Corte le haya dado entrada a las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial que presentaron el PAN y el PRI, alegando que es un tiro de gracia para la división de poderes.
La señora presidenta dice que los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar ese recurso, porque no es un asunto meramente electoral.
¿Y el voto popular para designar jueces magistrados y ministros no es electoral? Es pregunta.
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El mensaje que manda la presidenta con su negativa a recibir a los ministros es que la polarización, como arma política, seguirá otros seis años. No hay una sola señal de puentes hacia los que piensan diferente.
La reforma, digan lo que digan, le da el tiro de gracia a la división de poderes. El oficialismo ya tiene el control del Ejecutivo y el Legislativo. Le falta el Judicial para tener la “autocracia perfecta”.
Va por él bajo el engañoso pretexto de que hay que “democratizar” el Poder Judicial, y limpiarlo de tanta corrupción. Como si las urnas purificaran a jueces, magistrados y ministros.
Hay que subrayar que sólo el Poder Judicial le hizo contrapeso efectivo a López Obrador. Eliminó varias reformas –la eléctrica, el Plan B, Guardia Nacional– pero le salió caro el atrevimiento.
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A Claudia tampoco le agradó que tres de los siete magistrados de la judicatura, entre ellos la ministra Norma Piña, hayan votado en contra de enviar al Senado la información que solicitó sobre las vacantes para elaborar la convocatoria de la elección de juzgadores.
Aunque al final se impuso la mayoría de magistrados del Consejo General de la Judicatura, afines a la 4T: la información sobre vacantes y disponibilidad de cargos ya la tiene la Cámara alta.
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A la presidenta, por cierto, tampoco le gustó que los senadores del oficialismo modificaran las leyes secundarias de la polémica reforma, para otorgar a los tres poderes de la unión el derecho de veto sobre los candidatos a jueces, magistrados y ministros.
“No conozco esa iniciativa, pero eso no debe ocurrir. Debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución”, dijo ayer la mandataria, en su mañanera del pueblo.
Eso bastó para que los legisladores del oficialismo recularan en la modificación que les aseguraba el control del Poder Judicial.
“No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático electivo de jueces, ministros y magistrados”, dijo ayer el senador Ignacio Mier en la tribuna del Senado.
Adán Augusto López Hernández, líder de la mayoría en el Senado, lo confirmó después en declaraciones a los reporteros de la fuente: “No queremos que se tome como que uno quiere acotar el trabajo del Comité de Selección.”
El avance de la reforma es irreversible. El Senado aprobó ayer las leyes secundarias que son la letra chiquita de la Reforma Judicial. El sábado será la insaculación de las vacantes.
El Poder Judicial que hoy tenemos ya no existe para el oficialismo. Una y otra vez ha desacatado suspensiones de jueces con el argumento de que son intentos de parar la reforma judicial. Lo peor es que ya se nos hace normal vivir en un país sin estado de derecho.
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Falta menos un mes para que el PAN tenga nuevo jefe nacional. El 10 de noviembre sabremos quien es el sucesor de Marko Cortés.
Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, es considerado el candidato de la continuidad y la ex senadora Adriana Dávila, la carta de los inconformes.
Romero, sin embargo, empieza a desmarcarse de una cúpula que pierde terreno. Entre sus propuestas destaca una reforma al partido que parece más un aviso de que no habrá continuidad.
Trae la idea, por ejemplo, de prohibir que el presidente del partido no pueda aspirar a otras candidaturas. La lectura que algunos le dan es que es un “misil” dirigido a la línea de flotación de las prácticas comunes de ese partido.
FIN.
