Raúl Flores Martínez.
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en México, perpetrado principalmente por grupos de delincuencia organizada, estos grupos cuentan con recursos preferidos, como el acceso a bases de datos, infraestructuras para realizar llamadas telefónicas y la capacidad de suplantar identidades en redes sociales.
Este delito, que afecta principalmente a los ciudadanos más vulnerables, ha encontrado en las nuevas tecnologías un medio ideal para expandirse y evolucionar.
El marco legal y las políticas públicas han quedado rezagados ante la rapidez con la que la delincuencia organizada ha adoptado nuevas formas de operar, las autoridades, tanto estatales como federales, no han logrado desarrollar estrategias efectivas de prevención, investigación y sanción, lo que ha provocado un aumento considerable en el número de víctimas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la extorsión es uno de los delitos menos denunciados en el país, lo que se debe tanto a la dificultad de rastrear a los perpetradores, como a la falta de confianza en las autoridades para brindar acompañamiento a las víctimas.
Algo que debe de llamar la atención es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado un aumento constante en la tasa de extorsión desde 2015. En ese año, la tasa fue de 4,9 delitos por cada 100 mil habitantes.
Aunque en 2016 la cifra disminuyó ligeramente a 4.6, volvió a subir en 2017 a 4.9, y continuó creciendo hasta alcanzar los 8 casos por cada 100 mil habitantes en 2022. En lo que va de 2024, hasta el mes de agosto, la tasa acumulada era de 5.2 casos, lo que refleja un problema que no parece disminuir.
Uno de los desafíos principales que enfrenta la lucha contra la extorsión es la “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian. Se estima que 97 de cada 100 delitos de extorsión no se reportan a las autoridades, lo que genera un subregistro considerable que dificulta la implementación de políticas efectivas.
Al analizar los datos por estados, Baja California Sur, el Estado de México, Zacatecas, Colima y Nuevo León son los que presentan las tasas más altas de extorsión entre 2015 y 2024. Baja California Sur lidera con 16.5 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por el Estado de México con 14.7, y Zacatecas con 14.5.
Estos estados muestran niveles preocupantes de incidencia delictiva, aunque queda la duda de si estas cifras reflejan una mayor cantidad de denuncias y, por ende, una menor cifra negra, o si efectivamente estos estados tienen las tasas más altas de extorsión en el país.
El impacto de este delito en las economías locales es devastador., las pérdidas multimillonarias afectan principalmente a la población más vulnerable, que carece de acceso a la información necesaria para protegerse de estas amenazas. A medida que la extorsión se adapta y se fortalece, la población sigue enfrentando una creciente inseguridad, mientras las autoridades siguen varios pasos atrás, sin lograr frenar este fenómeno que afecta tanto a la seguridad pública como a la sociedad en general.
