Jorge Miguel Ramírez Pérez.
“Para que el mal triunfe solo hace falta que los que puedan hacer algo por impedirlo,
no hagan nada” Edmund Burke
Hay muchas consecuencias que se desprenden de una operación planificada por el poder en el sexenio anterior como lo es la mal denominada “reforma judicial”. El más destacado desperfecto es el que se relaciona, con el intento de desaparecer un poder que junto con los poderes legislativo y ejecutiva, forman estructuralmente la esencia del estado.
El hecho que los ministros, magistrados, jueces y demás personal con aparente conocimiento y experiencia en las leyes, no hayan entendido que lo que se fraguó por el anterior presidente fue un albazo o golpe de estado técnico contra la desaparición de uno de los poderes, en connivencia conspirativa con el poder parlamentario sin un ápice de independencia como tal; no les exime de la responsabilidad de no nombrar las cosas como son: un atentado a la integridad de la nación y jamás una reforma, que no se configura y que mientras ellos, le denominen como conviene al poder, la resultante es y será hacerle el juego a los destructores del estado de derecho.
Lo que hemos leído o escuchado fundamentalmente son tesis rebuscadas de interés leguleyo y también reacciones de lucha en la defensa de derechos y/o privilegios que los integrantes de ese poder ven diluirse en sus manos. Son expresiones válidas pero que carecen del peso para detener un atentado contra el estado mexicano, que es lo que se plantea de fondo.
En principio hay que entender que la asonada ataca intereses y derechos adquiridos que no pueden ser tratados como despreciables: propósitos de vida y carreras profesionales que son cortadas de un tajo, sin ninguna legalidad para desaparecer la función y a los jueces y demás personal afectado. Y si eso no fuera suficiente, porque también han sido mancillados con vituperios e infamias, que aducen corrupción jamás acreditada; también hay que agregar a esta violencia la ruptura de la composición del poder estatal, que una vez destituido uno de sus insustituibles componentes, queda México, sin garantizar ninguna legalidad.
Por eso los ministros se deben dejar de salidas seudo políticas tratando de ganar simpatías o conmiseración del poder. No se puede. Hay que definirse ya, y denunciar la intentona de despojar a México de los jueces.
Descartarle al México ignorante, que los jueces no son los “judiciales” como se les llamaba a la policía desacreditada. Y que las acusaciones de corrupción no están ni motivadas ni fundamentadas, son invenciones y si existieran casos aislados se debe proceder con la ley y no como una consigna arbitraria contra todos.
Imagínese lector que, en esta época de una delincuencia imparable, la salvación de la estrategia del juez Falcone de Italia contra el crimen organizado, fue la de mantener como eje una planta de jueces embozados para que el crimen no los identificara; aquí los del poder quieren exactamente todo lo contrario, nombrar jueces no solo a modo, sino expuestos para ser victimizados en caso de creerse el tema de la justicia para su desgracia.
Hay que dejarle claro al poder de la ignorancia, que la Corte, no va a abdicar de su trabajo de defender a la Constitución y los derechos de los ciudadanos como función prioritaria, y que esa absurda estupidez de crear una ley como pretenden los “levanta dedos” para que no exista poder a favor de la defensa de la Constitución, es la peor pesadilla que jamás un autócrata ha podido imaginar en México.
Deben dejarse de tibiezas los ministros que, y me refiero a los que sí acreditaron materias básicas del derecho en las universidades y poner en su lugar a los arbitrarios que, de todas maneras, los van a arrasar. Pero una cosa es hablar con valentía y dignidad para la historia y otra seguir de agachones cargando la vergüenza para todas las generaciones de no hacer lo que los principios exigen.
