Francisco Garfias.
El narcisismo de Morena llevó a las ministras de la Corte, afines a la 4T, a equiparar la admisión a trámite de impugnaciones que pudieran invalidar la controvertida Reforma Judicial con un ¡Golpe de Estado!
Por olvido o por ignorancia, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel pasaron por alto que hace diez años, distinguidos juristas, que hoy forman parte del oficialismo, solicitaron a la Corte revisar “la constitucionalidad de una reforma constitucional.”
El ministro Juan Luis González Alcántara, autor del proyecto que abrió la puerta a la revisión, se encargó de recordar a sus pares que el senador Adán Augusto López Hernández, el diputado Ricardo Monreal y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, solicitaron entonces analizar una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
“Nadie en ese momento los acusó de golpistas”, reviró.
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La revisión fue aprobada en el pleno de la Corte por ocho votos contra tres. Los ministros que votaron a favor dejaron claro que admitir a trámite las impugnaciones no implica adelantar si el contenido de la misma es o no violatoria de derechos humanos.
El asunto será turnado a uno de los 8 ministros que votaron a favor para que elabore el proyecto de resolución correspondiente.
Lenia Batres, autollamada “ministra del pueblo”, dijo que la Suprema Corte estaría dando un “auténtico golpe de Estado” al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador.
En su alegato invocó el artículo 39 de la Constitución que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste.
La pregunta aquí es si los jueces y magistrados federales que impugnaron la reforma no tienen derecho a que sea revisada una reforma que los lastima. ¿No son pueblo también?
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La soberbia que caracteriza al oficialismo fue ratificada por el inefable Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva en el Senado.
Interrumpió la sesión para comunicar, molesto, lo ocurrido en la Corte.
Dijo al respecto:
“Ni la SCJN, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos del Poder Legislativo. No puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y, sobre todo del soberano, que es el pueblo de México.
“Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio del 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En otras palabras, si lo que decida la Corte no se ajusta a los planes de la 4T, peor para la Corte.
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La imagen de México se deteriora. Recorre el mundo la noticia de los seis migrantes asesinados por militares en una carretera de Chiapas. Los fallecidos eran de Egipto, El Salvador y Perú.
“El episodio llamó la atención sobre una preocupación creciente en México: fuerzas armadas cada vez más poderosas que operan con poca supervisión”, dice atinadamente el The New York Times.
El Comercio de Perú no escondió un tono de indignación:
“A través de su representación diplomática en México, el gobierno de Perú exigirá a las autoridades de ese país una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto”.
También le dieron espacio al sangriento hecho en France 24, el País de España, la CNN, Deutsche Welle…
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo ocurrido es lamentable y que tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Sedena que dispararon ya están puestos a disposición de la FGR.
“No puede repetirse un situación así. Se están tomando medidas. Al General secretario le di instrucciones para que esto no ocurra así…”, dijo.
Charlamos sobre el tema con el senador del PAN, Ricardo Anaya. Nos dijo:
“No basta con que el gobierno nos diga `esto no va a pasar’. Lamentablemente ha generado las condiciones para que vuelva a pasar. Si no cambian esas condiciones, hay un riesgo enorme de que vuelva a pasar.
“Cuando tú expones a militares entrenados para la guerra y los pones a hacer labores de seguridad pública, vas a tener índices letalidad que se te van a disparar”, pronosticó.
Más adelante destacó que lo ocurrido fue una tragedia terrible para las familias.
“Arruinaron la vida de la niña, de la señora, y de los cuatro varones. Pero también le arruinaron la vida a dos soldados que van a ser juzgados por homicidio y que no estaban entrenados para hacer ese tipo de labores”, puntualizó.
FIN.
