Raúl Flores Martínez.
México atraviesa una de sus etapas más sangrientas, con un incremento en la violencia que sigue desangrando a comunidades enteras. En un lapso de solo una hora, la ciudad de Salamanca, Guanajuato, vivió una jornada de horror, con la ejecución de doce personas, cuatro mujeres y ocho hombres, en cinco puntos diferentes de la región.
Esta masacre ocurrió tras otro ataque en el anexo de la colonia El Rosario, el 1 de octubre de 2024, donde cuatro jóvenes fueron asesinados. La constante lucha entre cárteles que disputan el control de la zona sigue siendo el motor detrás de estos episodios de violencia, mientras las autoridades locales parecen rebasadas por la magnitud del problema.
El estado de Guanajuato ha sido por años uno de los epicentros de la violencia en México. La escalada de asesinatos y ejecuciones en Salamanca es un recordatorio brutal de la falta de control y estrategia efectiva por parte de las autoridades para frenar la creciente actividad criminal.
La disputa entre cárteles no es nueva, pero lo que resulta perturbador es la impunidad con la que se llevan a cabo estos crímenes. El gobierno local ha sido incapaz de contener el derramamiento de sangre, y la ciudadanía está atrapada entre el miedo y la incertidumbre.
Mientras tanto, a miles de kilómetros, en Chiapas, la violencia adquirió otro rostro. La muerte de seis migrantes a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) destapó una realidad aún más dolorosa. Los migrantes, en su desesperación por encontrar mejores oportunidades, enfrentan no sólo los peligros de los cárteles o bandas criminales, sino también la violencia de aquellos que se supone deben protegerlos.
La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos ha iniciado investigaciones para esclarecer los hechos, pero el daño ya está hecho. La imagen de los migrantes como víctimas, tanto de su país de origen como del país que transitan, genera un cuestionamiento profundo sobre el manejo de la seguridad y los derechos humanos en México.
¿Cómo es posible que quienes huyen de la violencia terminen encontrando la muerte a manos del Ejército?
La intervención de autoridades internacionales como INTERPOL y la colaboración con Guatemala en la investigación es un reflejo del interés por esclarecer este trágico evento, pero no puede borrar la dura realidad que enfrenta el país. México se encuentra en una encrucijada, donde la violencia no solo se presenta en la guerra entre cárteles, sino también en la estructura misma del Estado, que a menudo se percibe como opresora e ineficaz.
La violencia no cesa, y las muertes en Salamanca y Chiapas son dos caras de la misma moneda: un país donde la vida se ha vuelto desechable, donde la justicia es lenta y donde el poder de las armas, sean empuñadas por delincuentes o por fuerzas del orden, sigue gobernando. Mientras tanto, la población permanece en un estado de indefensión, viviendo cada día con el temor de convertirse en una estadística más en el sangriento recuento que es la realidad mexicana.
Urge una reestructuración profunda de las políticas de seguridad, una apuesta por los derechos humanos y, sobre todo, un compromiso firme con la justicia. Sin ello, México continuará sumido en un ciclo interminable de violencia, donde nadie está a salvo.
