Raúl Flores Martínez.
En los últimos años, México ha sido testigo de un preocupante aumento en el delito de trata de personas, exacerbado por el éxodo masivo de migrantes provenientes de África, Haití, Sudamérica y Centroamérica.
De acuerdo con las carpetas de investigación a nivel local, se han registrado 1,034 víctimas de trata de personas de 2023 hasta la fecha, aunque se sospecha que la cifra real es mucho mayor debido a una creciente “cifra negra”, es decir, casos no denunciados o registrados oficialmente.
La trata de personas ha evolucionado para convertirse en un negocio lucrativo para las organizaciones criminales, que han tejido alianzas estratégicas con cárteles del narcotráfico. elictiva se encuentra el grupo venezolano Tren de Aragua, en colaboración con organizaciones centroamericanas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Estas bandas han unido fuerzas con poderosos cárteles mexicanos, como el Cártel del Pacífico/Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, extendiendo su control sobre la trata de personas, diversificando así sus actividades criminales más allá del narcotráfico.
En la Ciudad de México, el fenómeno ha cobrado particular relevancia.
La Unión Tepito ha consolidado su control sobre este ilícito, con una sofisticada red de vigilancia y seguridad desplegada en zonas históricamente conocidas por la prostitución y la explotación sexual.
Áreas como La Merced, Candelaria, Buenavista, Sullivan y Tlalpan, consideradas “zonas de tolerancia”, son epicentros de la actividad criminal, donde halcones, golpeadores y hasta policías en activo forman parte de un sistema bien organizado para proteger y expandir el delito.
Este creciente control sobre las redes de trata de personas pone de manifiesto no solo la crueldad de estas organizaciones, sino también la vulnerabilidad de migrantes que, en su intento por encontrar una vida mejor, caen presa de redes que los explotan de forma brutal.
Además, este aumento en la trata refleja un reto urgente para las autoridades, quienes deben actuar con mayor contundencia para frenar la expansión de este delito y ofrecer justicia a las víctimas.
Sin embargo, son las propias autoridades las que hacen que este delito quede impune al reclasificar el delito de trata de personas a violencia doméstica, extorsión o robo, se reclasifica dependiendo del color de los billetes.
