Rubén Cortés.
La invitación del dictador Nicolás Maduro a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum coincide con el informe de la Misión de la ONU sobre una violencia “sin presentes en Venezuela”, ordenada por Maduro: dos mil 229 detenciones ilegales, torturas y violencia sexual a opositores.
Naciones Unidas investiga la Operación Tun Tun, dirigida contra la oposición, después de que Maduro se declaró ganador en las elecciones del 28 de julio, sin presentar las actas electorales, que sólo el tiene en su poder, porque tras una reforma judicial, es él mismo quien cuenta los votos.
El informe de la ONU denuncia que Maduro intensificó “dramáticamente” la represión para aplastar toda oposición pacífica, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, como parte de un plan de Estado para silenciar y reprimir.
Hace dos años, al sátrapa invitado a la toma de posesión en México, la ONU lo consideró oficialmente “asesino de lesa humanidad”, en un informe de 443 páginas, que lo señaló, junto a su número dos, Diosdado Cabello, y a la cúpula militar, como responsables directos de los crímenes.
La historia de consentimiento del gobierno mexicano a Maduro es larga: es casi el único que apoya a la dictadura venezolana en las votaciones de la OEA, como el 10 de enero pasado, cuando aprobó el uso del Ejército para impedir el ingreso de los opositores al Congreso.
En especial, el gobierno mexicano se negó a condenar a Maduro en la OEA por haber capturado el Consejo Nacional Electoral, y designar a testaferros como consejeros; ni por “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos de oposición”.
El régimen al que apoya el gobierno de México en la OEA ha asesinado a cinco mil 94 opositores políticos y detenido sin órdenes judiciales a otros tres mil 479: según la ONU, “estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado”.
La ONU menciona la tortura “para extraer confesiones o información, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil”.
Los opositores que escapan a la muerte son “sometidos a posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica, con apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.
En una muestra de honestidad política y de respeto a los derechos humanos más elementales, más que invitar a un asesino a la próxima toma de posesión, el gobierno de México tendría que, junto con la comunidad internacional, iniciar acciones legales contra el sátrapa y sus cómplices.
Invitan a un asesino.
