Ciudad de México.- En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial, con 46 votos a favor y 20 en contra.
Al instalar la sesión del Congreso local en su carácter de Congreso Constituyente Permanente, la diputada Martha Avila Ventura (MORENA), presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que “esta presidencia favorecerá el intercambio de las ideas, la absoluta libertad de expresión y la manifestación de las diferentes posiciones”.
En este sentido, llamó a las diversas fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo a mantener un debate de altura y en el marco del respeto que se merecen como personas legisladoras; y condujo el desarrollo de la sesión en apego a las normas que regulan el procedimiento constitucional correspondiente.
Al posicionar en contra, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) afirmó que esta aprobación significa la eliminación de los cimientos del régimen democrático y no una democratización de la justicia, ya que, al empatar la elección del poder judicial con la estructura y candidaturas electorales, se corre el riesgo de que no se erradique la corrupción y el influyentismo, como ha ocurrido en otros países.
El diputado Alejandro Villarreal Cantú (PT) calificó la aprobación de la minuta como un asunto trascendental e histórico, que permitirá resolver los problemas cotidianos en materia de acceso a la justicia, y denunció excesivos ingresos de las y los ministros de la SCJN que en 2023 representaron 50 veces más de lo que ganaron 21 millones de mexicanos que percibieron un salario de 6 mil 223 pesos.
En su momento, el congresista Omar Alejandro García Loria (PRI) aseguró que las y los legisladores opositores a la reforma constitucional apoyarán siempre la transparencia, la justicia y los derechos ciudadanos que la modificación compromete, y rechazó las simulaciones políticas.
Al hablar a favor, la diputada Rebeca Peralta León (PVEM), argumentó que garantizar la elección de las personas integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular permitirá que la voz de las y los mexicanos sea tomada en consideración respecto a la impartición de justicia en el país, y aseguró que esta reforma no atenta contra los derechos laborales federales.
La legisladora Patricia Urriza Arellano (MC) consideró que con esta reforma la juventud verá truncados sus sueños de verse como jueces y magistrados, además dijo que no se escucharon las voces de quienes están en contra en todo el país, “el problema no es la elección popular, el problema es la preselección que se realizará”.
Al referir que la posición de la ciudadanía expresada en las urnas es lo más importante para impulsar esta transformación en el poder judicial y otros proyectos políticos, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) resaltó que los foros realizados para escuchar y debatir la reforma fueron fundamentales para llegar a este camino político, a pesar de la violencia y las dificultades que se presentaron.
Al razonar su voto, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) aseveró que no se debatía una simple cuestión jurídica, sino un asunto de justicia social, igualdad y dignidad, e indicó que es viable eliminar el Consejo de la Judicatura, órgano convertido en espacio de protección para la corrupción y el tráfico de influencias, que en sus 24 años, de 38 mil quejas recibidas sólo presentó 23 denuncias en contra de juzgadores; y celebró la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de garantizar la impartición de justicia con ética y eficiencia.
La diputada Lizzette Salgado Viramontes (PAN) señaló que su voto sería en contra por ser ésta una reforma que no ha sido revisada, analizada y discutida con seriedad; “me opongo porque el procedimiento ha estado plagado de irregularidades”.
El diputado Royfid Torres González (MC) afirmó que esta reforma permitirá que jueces y magistrados estén consignados a la voluntad del Poder Ejecutivo, por lo que ataca directamente al régimen democrático del país. Por ello, aseguró que su voto sería en contra y que se sumará a la lucha de las personas jóvenes que buscan combatir la concentración del poder.
La congresista Diana Barragán Sánchez (PT) se refirió al trabajo del Poder Judicial, que en 2023 permitió que casi 87 mil personas estuvieran en prisión esperando sentencia, cifra que en el caso de las mujeres llegó al 49 por ciento; mientras que las percepciones netas de los jueces y magistrados representan más del doble de lo que gana el presidente de la República Mexicana.
Al comentar que se ha luchado para construir un sistema de instituciones sólidas con equilibrios y contrapesos donde la ley se aplica con imparcialidad, la congresista Tania Nanette Larios Pérez (PRI) recordó que desde 1994 se asignaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades para ser guardián del modelo democrático; y recalcó que esta reforma no termina con la injusticia, pues para abatir la impunidad y corrupción se requiere apego a la ley y trabajo conjunto de poderes.
El legislador Gerardo Villanueva Albarrán (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) pidió ubicar este momento histórico, porque esta reforma es la más radical y profunda desde el Constituyente de 1917, y se está a un paso de liberar a uno de los tres poderes “a liberar al poder judicial”, porque se necesita que éste volteé a ver a la gente.
La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo (PAN) reclamó que no se escuchara a las y los trabajadores, que se simularan foros abiertos y finalmente no se tomaran en cuenta las propuestas, y más allá de eso, se reprimieran las protestas y se compraran voluntades.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) expresó que esta reforma constitucional es muestra de la transformación a una vida democrática y de justicia en el país, que no tiene precedentes, y que busca atender la opinión de la ciudadanía.
La legisladora Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN) consideró que la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y Senadores fue “la degradación de la democracia y un despliegue de fuerza innecesario y peligroso”.
El congresista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) dijo que se da un paso decisivo para acabar con la corrupción y la falta de acceso a la justicia, y hacia una nueva composición de las instituciones. Señaló que muchos de los puestos de trabajo del poder judicial tienen que ver con el influyentismo y hay fallos de jueces que han tenido inconsistencias graves afectando a la ciudadanía.
El diputado Andrés Sánchez Miranda (PAN) expresó que la reforma judicial representa “acercarnos un paso más hacia el totalitarismo” como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no han tenido finales felices, y que cuando la ciudadanía despierte y derrote al régimen naciente, ya no serán recordados como los reformadores y transformadores sino como los destructores de instituciones.
En México necesitamos un sistema de justicia al servicio del pueblo, justo y transparente, aseveró ante el pleno la congresista Valeria Cruz Flores (MORENA) y agregó que, ante los temas de corrupción, nepotismo, omisiones de resoluciones a favor de la población es necesaria esta reforma constitucional.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) señaló estar en contra de esta reforma, y afirmó que ésta afectará a las y los trabajadores del Poder Judicial, quienes dedican su vida a buscar el acceso a la justicia para la ciudadanía.
El diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM) describió algunas partes de la reforma, entre las que se refirió a que las personas magistradas y juezas de distrito estarán nueve años en el cargo, con la posibilidad de reelección; y que se proponen criterios claros y rigurosos que deberán cumplir las personas candidatas.
En votación nominal del pleno, no fue aprobada una moción suspensiva presentada por el diputado Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación), por lo que ésta fue desechada.
Con información del Congreso de la Unión
