Raúl Flores Martínez.
No es un secreto que, en los últimos años, el partido Morena, que llegó al poder con la promesa de transformar la política en México, ha sido vinculado en múltiples ocasiones con el crimen organizado, lo que ha generado preocupación sobre el impacto de estas alianzas en la gobernabilidad y la seguridad del país.
Dos casos recientes ejemplifican esta problemática: el de Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo, y el del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En julio de 2023, un escándalo sacudió la política de Guerrero cuando se difundieron videos en los que se veía a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, reunida en un restaurante con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos.
Este cártel es conocido por operar en la región de la Montaña y el centro del estado, donde controla actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
Las imágenes generaron indignación, ya que parecían sugerir una relación cercana entre la alcaldesa y uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Guerrero. A raíz de estos hechos, Hernández Martínez fue expulsada de las filas de Morena, en un intento por desvincular al partido de estas acusaciones.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la credibilidad de las autoridades locales y su relación con el crimen quedó en entredicho.
Otro caso que ha generado polémica es el del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Durante su mandato (2016-2021), y tras dejar el cargo, Blanco ha sido señalado en diversas investigaciones por su presunta relación con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Comando Tlahuicas.
Estas acusaciones se suman a investigaciones por enriquecimiento inexplicable y actos de corrupción dentro de su administración. Uno de los episodios más notorios fue la filtración de una fotografía en la que Blanco aparecía junto a tres presuntos líderes del crimen organizado.
La imagen, que se hizo pública en 2022, levantó sospechas sobre posibles acuerdos entre el exgobernador y grupos delictivos para mantener el control sobre Morelos, un estado que ha sido golpeado por la violencia del narcotráfico en los últimos años.
Estos casos ponen en evidencia una tendencia preocupante: la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas de México. La supuesta complicidad de figuras clave del partido Morena con líderes del narcotráfico no solo socava la confianza pública en el sistema democrático, sino que también plantea serios riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
Además, estos vínculos reflejan un problema sistémico en el país, donde la violencia, la corrupción y el crimen organizado han permeado en diferentes niveles de gobierno. El hecho de que políticos de alto perfil puedan estar involucrados en tratos con criminales debilita la lucha contra el narcotráfico y plantea la necesidad urgente de implementar mecanismos más robustos de control y rendición de cuentas en las instituciones.
En menos de tres semanas, se inicia un nuevo sexenio en México del partido Morena en el poder, es un reto para este instituto y para el sistema político en general es claro: desmarcarse de cualquier vinculación con el crimen organizado y asegurar que las instituciones actúen con independencia y transparencia, sólo así se podrá comenzar a restaurar la confianza en la democracia y asegurar un futuro más seguro y justo para México.
