Fernando Moctezuma Ojeda.
En el contexto de la reciente aprobación de la Reforma Judicial en México, por parte de la Cámara de Diputados, es imperativo que la sociedad reflexione sobre uno de los pilares más importantes de cualquier democracia: la limitación de poderes. Este principio no solo busca salvaguardar la integridad del sistema político, sino también proteger la libertad y los derechos de las y los ciudadanos. La discusión en torno a la democratización de la elección de jueces, ministros y magistrados ha despertado un profundo debate que va más allá de lo jurídico, exponiendo interrogantes sobre el equilibrio de poderes en nuestro país.
El concepto de la separación de poderes es esencial para garantizar una democracia funcional y saludable. Desde Montesquieu, se ha reconocido que cuando un poder del Estado ejerce influencia excesiva sobre los otros, la corrupción y los abusos no tardan en surgir. La reforma judicial, aunque busca transformar la elección de jueces para acercarla a la ciudadanía, no debe ser vista únicamente desde su dimensión técnica. Es vital comprender sus implicaciones para el balance de poder en México. Debilitar la independencia del Poder Judicial podría socavar la capacidad del Estado para impartir justicia de manera imparcial, abriendo la puerta a una posible concentración de poder en el ejecutivo o en intereses partidistas.
Un sistema democrático se fortalece cuando se fomenta el debate y la escucha activa de todas las voces. Las y los juristas, académicos y ciudadanos que han expresado preocupación ante la reforma judicial representan una parte crucial del proceso democrático. Ignorar estas perspectivas no solo puede llevar a decisiones mal fundamentadas, sino que podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El diálogo constructivo es un recurso esencial en la toma de decisiones, y al abrirse a diferentes puntos de vista, el país puede avanzar hacia un marco judicial que verdaderamente beneficie a todos.
Es necesario fomentar una cultura política que celebre la diversidad de opiniones y permita un espacio de respeto y consideración para todos los sectores. Al hacerlo, evitamos caer en una toma de decisiones cerrada o parcial, que podría resultar en un debilitamiento del sistema democrático.
Lamentablemente, el debate sobre la reforma judicial ha revelado una creciente polarización en el panorama político mexicano. Esta división agudiza la confrontación entre quienes apoyan la reforma y quienes la critican, lo que puede deteriorar la calidad del debate público. En lugar de promover un análisis racional y bien informado, se corre el riesgo de descalificar y deslegitimar las voces críticas. Esta polarización no sólo mina la confianza en las instituciones democráticas, sino que también fragmenta a la sociedad.
Debemos evitar que la discusión se convierta en una guerra de posiciones irreconciliables y, en su lugar, encontrar puntos en común que permitan un debate inclusivo y productivo. Solo así podremos asegurar que las reformas respondan a las necesidades del país y no a intereses políticos o ideológicos.
Los legisladores tienen la responsabilidad de considerar el impacto a largo plazo de cualquier reforma. En el caso de la reforma judicial, –y las discusiones que están por venir–, se debe priorizar la independencia y transparencia del Poder Judicial. Asegurar que el sistema judicial sea autónomo y ajeno a presiones políticas es clave para mantener un Estado de derecho efectivo. Además, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas, que acompañen cualquier cambio estructural, es crucial para evitar la concentración de poder.
Este llamado a la responsabilidad también debe extenderse a la ciudadanía, que tiene el deber de involucrarse activamente en el debate público y exigir un proceso legislativo que respete los principios democráticos. Solo a través de una sociedad vigilante y participativa podremos asegurar un futuro donde los derechos y libertades estén verdaderamente garantizados.
Limitar los poderes en una democracia no es solo una cuestión de estructura institucional, sino también de valores. La reforma judicial debe ser analizada cuidadosamente para asegurar que fortalezca el sistema de justicia y no lo debilite. Escuchar a quienes piensan diferente es un acto de madurez democrática que puede contribuir a un país más justo y equitativo. En este sentido, la reforma debe ser un ejercicio de diálogo inclusivo, donde las voces de todos los sectores sean consideradas para construir un sistema judicial que realmente sirva a los intereses de la nación.
La democracia no es estática; es un proceso continuo que requiere compromiso, participación y, sobre todo, un firme respeto por la diversidad de opiniones. Limitar los poderes y escuchar a todos es la clave para mantener una democracia sólida y vibrante, capaz de enfrentar los desafíos del futuro.
De acuerdo con las voces en favor de la reforma, ésta busca democratizar la elección de jueces y magistrados, apartándolos de intereses políticos y económicos; permitiría que el Poder Judicial sea más austero, independiente y cercano a la ciudadanía; y responde al reclamo de tener un sistema judicial más transparente y accesible.
En contraparte, quienes se han expresado en contra, sostienen que la elección popular de jueces podría debilitar la protección de derechos humanos, exponiendo a la población a mayor impunidad; remarcan que muy pocos países eligen jueces mediante voto popular, lo que podría comprometer su imparcialidad e independencia; consideran la reforma un ataque a la división de poderes y la independencia judicial; afectaría negativamente la carrera judicial de aquellos profesionales que han dedicado años a prepararse para el puesto; y aseguran que podría generar incertidumbre entre inversionistas extranjeros, afectando compromisos como el T-MEC.
Esta semana, el debate continúa en el Senado de la República, y con él, la necesidad de una discusión abierta y responsable en beneficio de la sociedad mexicana.
APUNTES CLAVE:
PUEBLA: El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que transformará Ciudad Modelo en la “Ciudad de la Tecnología y la Sostenibilidad”. Este proyecto busca hacer de Puebla un centro tecnológico con innovación en sectores como la agricultura, la industria y la educación, siempre con un enfoque en la sostenibilidad del agua y la energía. Instituciones como el IPN, la BUAP y empresas como Audi serán aliados clave. Además, la Agencia Estatal de Energía jugará un papel central en el desarrollo de energías renovables. //OPOSICIÓN: El presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que su partido resistirá y votará en contra de la reforma judicial propuesta por el gobierno. Las y los senadores del PRI y sus suplentes estarán reunidos en una misma sede, para garantizar su voto en contra. Moreno denunció amenazas y presiones hacia los legisladores de oposición, señalando que nunca antes habían enfrentado una situación así. Además, advirtió que el PRI no permitirá que México se convierta en una dictadura y llamó a construir una reforma judicial que brinde justicia y seguridad. //A FAVOR: Durante la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se aprobó la reforma judicial sin cambios tras más de ocho horas de discusión. El dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y 12 en contra, y aunque se presentaron 70 reservas para modificar 31 artículos, estas no fueron aceptadas. Se tiene previsto que este martes (10 de septiembre) se dé la primera lectura, y posteriormente; el miércoles (11 de septiembre), se someta a discusión y votación por parte del Pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, trascendió que la reunión del martes podría extenderse hasta la madrugada del miércoles para desahogar la materia.
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