Raúl Flores Martínez.
El próximo 26 de septiembre se cumplirá una década de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un hecho que ha marcado profundamente la historia reciente de México.
El caso, que se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la violencia estructural en el país, fue una de las promesas clave en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, una promesa que nunca fue cumplida, incluso fue encubierta por su administración a pesar de que, al asumir el poder en diciembre de 2018, aseguró que la verdad y la justicia llegaría para las familias de los desaparecidos. Sin embargo, a casi diez años de este trágico suceso esas promesas siguen sin cumplirse.
Desde el inicio de su administración, López Obrador criticó la investigación realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y prometió una nueva “verdad histórica”.
Para ello con bombo y platillo, se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que ha trabajado en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). No obstante, los resultados han sido limitados, y la incertidumbre sobre el paradero de los estudiantes sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.
En sus últimos meses de gobierno, López Obrador ha pedido a la ciudadanía que proporcione información sobre el caso, reconociendo implícitamente que su administración ha sido incapaz de esclarecer plenamente los hechos. Esta solicitud ha sido interpretada como un gesto desesperado, que refleja la falta de avances reales en una investigación que ha estado plagada de obstáculos.
Uno de los puntos más controversiales del caso Ayotzinapa durante la administración de López Obrador ha sido el papel del ejército mexicano, documentos y testimonios han señalado que elementos de las fuerzas armadas estaban al tanto de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 y que, incluso, podrían haber tenido participación directa o conocimiento sobre el paradero de los estudiantes.
Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, el presidente ha sido reticente a actuar con firmeza contra los altos mandos militares. La falta de acción contra el ejército ha alimentado la crítica de que el gobierno de López Obrador protege a las fuerzas armadas a pesar de las evidencias.
A pesar de las promesas de justicia y de la retórica de transparencia, el presidente ha evitado confrontar abiertamente a uno de los actores más poderosos del país, lo que ha limitado las posibilidades de avanzar en la resolución del caso.
Sabemos que quedan 24 días del sexenio de López Obrador, y las esperanzas de que el caso Ayotzinapa se esclarezca durante su mandato son cada vez más lejanas, han pasado diez años de la desaparición de los 43 estudiantes, el dolor y la frustración de las familias sigue presente, para esas familias, esas madres y padres, cada día sin respuestas es una nueva forma de revictimización.
El caso Ayotzinapa no solo es una herida abierta para las familias de los desaparecidos, sino también un símbolo de las profundas fallas del sistema de justicia mexicano. La administración de López Obrador, que prometió transformar el país y erradicar la corrupción e impunidad, ha fracasado en una de las pruebas más importantes de su gobierno.
