México.- Ayer, durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Gobernación (Segob); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y de la Función Pública (SFP) informaron sobre el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), único caso de corrupción durante esta administración.
La titular de Segob, Luisa María Alcalde Luján, señaló que desde que se detectó el posible daño al erario público, producto de una defraudación en Segalmex, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el titular del Ejecutivo federal instruyó llegar al fondo y que no exista impunidad.
Para atender esa instrucción, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la SHCP, establecieron una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a fin proveer de toda la información disponible y hacer las investigaciones, así como iniciar las carpetas penales correspondientes.
De manera simultánea se creó un grupo de trabajo con la SFP y el nuevo director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, designado tras darse a conocer el hecho.
“A partir de ahí empezamos a hacer toda una labor para llegar al fondo del caso: aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública; poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas: el origen y el monto del desvío.”
El titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que de los nueve mil 500 millones de pesos (mdp) observados en las cuentas públicas 2019 y 2020 a Segalmex, cuatro mil 700 (cerca de 50 por ciento) fueron aclarados con evidencias, dos mil 100 mdp (22 por ciento) están en proceso de análisis para su acreditación y dos mil 700 mdp (28 por ciento) no fueron aclarados.
Tras reafirmar que no habrá impunidad, detalló que, respecto al monto no aclarado, se presentaron las denuncias penales ante la FGR, para que, en su caso, se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones.
Dio a conocer que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por tratarse de posibles faltas administrativas graves.
Enfatizó en que las observaciones de un proceso de fiscalización no significan desvío de recursos, sino señalamientos de los auditores, los cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta que se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento.
Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 mdp de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho se presentaron denuncias penales.
De esta manera, a partir de las diversas auditorías y denuncias presentadas por personas servidoras públicas, se creó el grupo de trabajo mencionado.
La titular de la PFF, Grisel Galeano García, destacó que en este gobierno no se tolera la impunidad y ejemplo de ello es la presentación de 156 denuncias, que comprenden dos mil 700 millones comprobados como daño patrimonial.
Dijo que lo anterior constituye delitos por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, entre otros.
Mencionó que 47 personas fueron investigadas a partir de las 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. “En 26 casos se vinculó a proceso penal y de éstas, nueve son exservidores públicos y 17 particulares; uno de ellos está detenido en Argentina y se cursa un proceso de extradición”.
En este sentido, aclaró que las principales personas y servidores públicos responsables de los hechos se encuentran en prisión.
También acompañó al presidente: el director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño.
Con información de la SEGOB
