Marissa Rivera.
Desde la madrugada de ayer, los medios ya anunciaban la crónica de una imposición anunciada.
Hace siete meses, el cinco de febrero del 2024, por el odio, la insidia, el rencor y la impotencia presidencial de no seguir manipulando la ley, a través del ministro genuflexo, se deslizó la ocurrencia.
Una reforma visceral que traerá serias repercusiones a México.
Una obsesiva torpeza que coloca a México como sinónimo de incertidumbre.
¿Necesitamos una reforma al poder judicial? Por supuesto que se requiere acercar a los justiciables a una resolución cercana, rápida y óptima, sea la resolución que sea, porque para un lío jurídico se necesitan dos.
Pero, en primera instancia cortar de tajo la seguridad laboral y los derechos de más del mil 600 jueces y magistrados vulnera el legítimo derecho de los afectados de manifestarse y de, por supuesto, hacerse escuchar.
Esta reforma es también sinónimo de odio contra las actuaciones de los actuales jueces y magistrados, que no brindaron al presidente las resoluciones que él esperaba.
Ese rencor solo dimensionó un poder judicial a modo, en el que los candidatos para la magna y costosa elección serán elegidos por dos de los tres poderes dominados por la arrolladora cuatroté.
Esa reforma no garantiza ni una mejor impartición de justicia ni certidumbre, ni mucho menos es democrática.
Esta administración olvida que existen juzgadores que han arriesgado la vida en el ejercicio de sus funciones, mientras el presidente ordena la liberación de uno de los narcotraficantes más buscados, porque, para él, la ley es él, pésele a quien le pese.
Desde luego que hay jueces corruptos. ¿Por qué no se les sanciona de manera ejemplar? Esa colusión u omisión ha provocado que en México las estadísticas del crimen crezcan de manera alarmante.
México requiere una reforma judicial pero no concentrada en el poder. Esa iniciativa rompe el pacto federal y con ello se acabaron los contrapesos.
Si, la justicia es lenta. Pero irrumpir e imponer un sistema de justicia a modo, la hará no solo más lenta sino lejana para los justiciables.
En el exterior ya levantaron las señales de alerta por la arbitrariedad que está a punto de consumarse.
Vendrán crisis de certeza jurídica, salida de inversiones y no habrá dinero para mantener los votos que se compraron.
La madrugada de ayer, la nueva mayoría legislativa cumplió con su mandato sexenal, de no moverle ninguna coma a ninguna iniciativa presidencial.
Pero por hacer las cosas a prisa, para satisfacción del mesías, cometieron errores de procedimiento, que se puede convertir en el último quitarisa presidencial.
La nueva legislación inició sirviendo al que se va y no a la que entra.
