México.- En la sesión de la Cámara de Diputados, realizada en sede alterna, representantes de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC formularon, en la quinta y sexta ronda de intervenciones, comentarios sobre el dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación.
Quinta ronda
La diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) dijo que se busca derribar barreras históricas, democratizar el acceso a la justicia y proponer elecciones populares para jueces y magistrados, así como crear un tribunal disciplinario que sancione fallos administrativos y el sentido de las sentencias. No solo es un cambio legal, es un mandato del pueblo y una exigencia para refundar los privilegios y renovar el sistema judicial que debe servir a todas y todos los mexicanos.
En su turno, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) apuntó que la discusión no es sobre la elección de jueces o magistrados, porque el Poder Judicial no está en la agenda, “sino regañar y sancionar a quienes se atrevieron a ponerle un freno al autoritarismo”. Recalcó que la justicia debe ser discutida pero no en fast track, pues el pueblo merece que se reflexione en serio, que se reforme el Poder Judicial, las fiscalías, las policías, la prevención y que replanteemos el paradigma.
Del PVEM, el diputado Gerardo Villarreal Solís comentó que esta reforma es de amplia trascendencia donde se puede diferir, pero también encontrar puntos de convergencia y dotar al país de mejores oportunidades. “Ganamos la mayoría en el Congreso y ello nos permite abordar con claridad que las reformas constitucionales que planteamos durante la campaña electoral deben avanzar”.
El diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (PRI) dijo que la Constitución establece la independencia del Poder Judicial como un pilar fundamental de la democracia. Cualquier intento por debilitar esa independencia ya sea reduciendo las facultades de los jueces o sometiendo a los magistrados a un control político, representa un grave retroceso al Estado de derecho. “Ese principio no es negociable, es la garantía de que todos, sin excepción, estamos sujetos a la misma ley”.
Alfredo Vázquez Vázquez, diputado de Morena, destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas de México; por eso, obedecen al mandato popular de reformar el Poder más conservador y ponerlo al servicio de los que menos tienen, para que jueces, magistrados y ministros utilicen un lenguaje sencillo e incluyente en sus sentencias y amparen a los más débiles y desfavorecidos, con responsabilidad social y garanticen la justicia.
Por MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu resaltó que el dictamen es ilegítimo porque es resultado de la imposición reiterada de un oficialismo que ha cancelado las reglas fundamentales de la convivencia democrática y ha renunciado a la política constructiva para reivindicar la obediencia servil. No es una reforma judicial y nada tiene que ver con la justicia, es una revancha antidemocrática. No es una reforma legítima ni popular.
El diputado Óscar Iván Brito Zapata (Morena) precisó que el pueblo no quiere un Poder Judicial con privilegios y ministros que tengan prestaciones por todo; la modificación a la Constitución Política representa una reconfiguración total de dicho poder. “La reforma al Poder Judicial va; es el pueblo el que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno”.
Por el PAN, la diputada Liliana Ortiz Pérez dijo que el peligro de la reforma es la caída de la República, cuando es indispensable que concurra un sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión que impida que ningún Poder adquiera potestades superiores a los otros. “Por primera vez en la historia constitucional del país se incorporarán disposiciones que son irreconciliables, generando la imposibilidad de una interpretación congruente y sistemática”.
El diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) expresó que su grupo votará en el mismo sentido que los mexicanos, a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial, pues ello contribuirá e impactará favorablemente en la ciudadanía que por primera vez se sentirá protegida y arropada por la ley. “Estas modificaciones representan un factor de cambio social, pues la justicia dejará de ser un producto y se convertirá en un derecho universal”.
Xitlalic Ceja García, diputada del PRI, detalló que la reforma politiza al único Poder que está fuera de contiendas; no contempla solucionar de fondo las deficiencias de la impartición de justicia y terminar con la impunidad, y genera daños colaterales e incertidumbre en la economía del país, lo cual afectará a los que menos tienen. Si se quiere garantizar la justicia, se debe destinar un presupuesto adecuado que permita tener mayor número de jueces y fortalecer a las fiscalías para que brinden justicia eficaz, pronta y expedita.
El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena) puntualizó que hoy no hay espacio para la impunidad ni para dar la espalda a las y los ciudadanos; por ello, la reforma pone en el centro su empoderamiento. “México ya cambió y el pasado 2 de junio el pueblo pidió cambiar la realidad del Poder Judicial. Aquí estamos para hacer una propuesta inteligente, que hace eficiente, más austera y garantiza que haya justicia expedita y pronta para todas y todos”.
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba llamó a votar en contra del dictamen porque el Poder Judicial ha hecho una importante fortaleza en el sector salud. Recordó la resolución que hizo en beneficio de los ciudadanos como el que los legisladores prohibieran el uso lúdico de la mariguana. “Le pido a la oposición que no vote a favor y no engañe al pueblo como lo está haciendo”.
Sexta ronda
En esta ronda, el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, dijo que la reforma “es del pueblo y para el pueblo” y es un compromiso de campaña, pues el actual Poder Judicial está corrompido, defiende a los evasores de impuestos, a empresas, así como a quienes están aliados con el narcotráfico.
La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) aseguró que la reforma es un atentado contra la independencia judicial y los derechos fundamentales en el país; es una venganza y represalia, ya que no surge de la necesidad de mejorar la impartición de justicia, sino por el rencor de las resoluciones emitidas por jueces federales. “No contempla mejoras en el Ministerio Público ni en el sistema de peritajes o en la defensoría de oficio”.
Por el PT, la diputada Maribel Martínez Ruiz urgió a reformar al Poder Judicial y que la gente elija con su voto a ministros, magistrados y jueces para que los buenos juzgadores ocupen el cargo y se vayan los vividores negligentes y corruptos. Aclaró que los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial se salvaguardan, pues el Artículo Décimo Transitorio obliga a garantizar recursos para pensiones, apoyos médicos y demás obligaciones laborales.
La diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) expresó que la discusión no solo trata de los derechos de quienes trabajan en el Poder Judicial sino de México, sus instituciones, la división y el respeto a los poderes. “Ustedes no quieren un mejor Poder Judicial, lo quieren desaparecer porque no se ha doblegado. Eliminar los contrapesos tiene trágicas consecuencias y la reforma traerá inestabilidad, menos empleo, menor certeza jurídica y menos inversiones e impuestos”.
A su vez, el diputado Juan Hugo De la Rosa García (Morena) manifestó que la reforma garantizará la autonomía que separa al Poder Judicial de los poderes irracionales del capitalismo de complicidades. “Vamos por un nuevo Poder legitimado en el respeto a los derechos de las personas y la justicia para la gente que nunca ha sido una realidad por el tipo de Poder Judicial que se tiene”.
De MC, el diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther indicó que sí hay corrupción, excesos y nepotismo, pero desde hace casi 30 años empezó una transformación de la Judicatura en el ámbito federal y en la mayoría de los estados de la Federación. “La inmensa mayoría de las y los magistrados y jueces de Distrito cumplen de manera honorable con su responsabilidad”. Por ello, aseguró que el camino de la elección popular de los mismos no es la ruta correcta.
María Magdalena Rosales Cruz, diputada de Morena, expuso que la reforma al Poder Judicial quiere la independencia de este Poder. Uno de sus objetivos es establecer un sistema que garantice un mayor grado de independencia judicial y para ello se requiere modificar el sistema de designación de las personas juzgadoras pues el método vigente ha privilegiado el nepotismo y las componendas entre los grupos de poder. “Voy a votar a favor de la reforma porque dará el poder al pueblo de México”.
El diputado Asael Hernández Cerón (PAN) dijo estar aquí “ad cautelam” porque es una sesión ilegal y lo que se busca aprobar es la máxima concentración de poder de la que tengamos memoria, porque el sistema lo que pretende es romper el equilibrio y evitar los contrapesos que impidan que se tomen decisiones que a la postre terminarán dañando a los más necesitados. “Se busca desmantelar al Poder Judicial para convertirlo en un poder sin independencia ni autonomía”.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PVEM) manifestó que la reforma es necesaria para llevar la justicia a todos los rincones de México y permite a los pobres acceder a ella, a una justicia pronta y expedita, pues la han anhelado por mucho tiempo. Por ello, externó que su grupo parlamentario la apoya y está a favor. “Se miente cuando se dice que se está vulnerando al Poder Judicial de la Federación”.
Abigail Arredondo Ramos, diputada del PRI, indicó que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, y de las salas regionales superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos a nivel local, son una estrategia para cooptar el último reducto de control constitucional. “Más allá de la inoperancia del proceso de elección, el cual no ha quedado claro, está el hecho de cómo se manipularán los filtros para definir quiénes conformarán las listas de candidatos”.
Por Morena, el diputado Raymundo Vázquez Conchas señaló que su grupo parlamentario votará en el sentido que se ha manifestado la ciudadanía, que solicita una transformación del país; por ello, invitó a las y los diputados a asumir su responsabilidad con respeto, porque están frente a un momento histórico, donde la reforma al Poder Judicial se realizará.
La diputada del PAN, María Angélica Granados Trespalacios, comentó que la reforma es una mala idea, porque afectará la economía del país, toda vez que es el punto de quiebre del Estado y el asalto a la división de poderes. “Sin justicia no hay mecanismos de defensa ni confianza para invertir; se viola la palabra con socios comerciales y organismos internacionales, los cuales son muy claros respecto a independencia e imparcialidad judicial, que son indispensables para tener un real Estado de derecho”.
Con información de la Cámara de Diputados
