México.- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI, MC e independiente se pronunciaron a favor y en contra del dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial, en la tercera y cuarta ronda de oradores, durante la sesión que se lleva a cabo en sede alterna.
Tercera ronda
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) subrayó que hoy se discute una reforma central para la República, para la vida de la patria y para el Poder Judicial, dado que se tiene un Poder Judicial corrupto, ineficiente, clasista, que protege al rico y se olvida del pobre; “por eso, tenemos que reformarlo. Queremos que el pueblo lo elija”.
Mario Zamora Gastelum, diputado del PRI, comentó que su grupo parlamentario está dispuesto a realizar la gran reforma en materia de justicia, la cual tiene que ver con las fiscalías estatales, los ministerios públicos, los juzgados que están cercanos a la gente, con policías de investigación y con el amor al prójimo. “Aquí está el PRI del siglo XXI que estará con los jóvenes. El proyecto se llama México, y México es plural, es diverso y es enorme”.
Por el PVEM, la diputada Casandra Prisilla De Los Santos Flores apuntó que la reforma tiene como principal objetivo combatir la corrupción y pretende acabar con el régimen de privilegios que ha caracterizado a la cúpula judicial. Establece que los derechos laborales serán respetados en su totalidad y eso incluye el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones.
Por su parte, la diputada Iraís Virginia Reyes De la Torre (MC) indicó que con la reforma se abre la puerta para que las redes macrocriminales conformadas por estructuras políticas, empresariales y criminales capturen al Poder Judicial, como ya tienen cooptado a otros poderes y hagan suyo el control de la justicia, porque no solo no se eliminará la corrupción, sino que se incrementará junto con la permanencia de la impunidad. “No acompañaremos esta reforma que va encaminada a destruir la democracia”.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna (Morena) dijo que es necesaria la reforma, pues permitirá tener un Poder Judicial al servicio del interés popular y de la justicia en el país. “Al no haber disciplina y rendición de cuentas, ha traído tardanza en los juicios, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, anulación de leyes que aprueba el Congreso, que se pisotee la Constitución, el no respeto de la división de poderes y que se encubra a delincuentes”.
A su vez, la diputada independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, manifestó su voto en abstención, ya que hay propuestas buenas en la reforma, pero es fundamental abrirse al diálogo, pues como legisladores se deben a los ciudadanos y se les debe responder con la escucha de sus puntos de vista. Pidió “que no se tome de manera precipitada un tema que tiene que ver con la justicia”.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) puntualizó que se necesita un nuevo Poder Judicial que combata la criminalidad, la violencia y porque las resoluciones de jueces, magistrados locales y federales dejan libres a delincuentes, secuestradores, feminicidas, extorsionadores, violadores y narcotraficantes. “El debido proceso se convirtió en pretexto para los jueces corruptos, sin arresto y sin decisión, que no vinculan a proceso a delincuentes”.
Tania Palacios Kuri, diputada del PAN, consideró que sí se necesita una reforma judicial, pero una que sea vasta, esencial y no tenga el propósito de someter a los jueces ante el poder político. “La propuesta es el genocidio de la justicia, la independencia judicial, la esperanza de las víctimas, la autonomía y la carrera judicial”.
De Morena, la diputada Claudia García Hernández señaló que solo quienes gozan de los privilegios que les otorgan, incluso por encima de la ley defienden un Poder que está secuestrado y que beneficia a intereses de grupo, por lo que la impartición y procuración de justicia es lo que menos les importa. “No se busca debilitar el Poder Judicial, sino legitimarlo”.
La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) dijo que aunque es verdad que la justicia en México ha sido lenta, no será mediante el voto como se resuelva la simulación de que jueces, magistrados y ministros modifiquen los grandes vicios. “También debemos exigir mejores policías, ministerios públicos, fiscalías, defensores de oficio y litigantes, pero para ello se requiere presupuesto”.
Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, precisó que en 2018 inició la transformación para separar el poder político del poder económico en el Poder Ejecutivo y “a pesar de resistencias también se hizo en el Legislativo. Falta que esta separación del poder económico también se dé en el Judicial y de eso trata la reforma. Si se quiere una verdadera democracia en los tres poderes, los titulares de los órganos jurisdiccionales del sistema judicial deben ser electos por el pueblo”.
En su turno, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) consideró que la discusión no se trata de qué se quiere hacer con el Poder Judicial, sino con la democracia y el régimen político. Todo es un engaño, porque se quiere someter a un poder del Estado y que “cuatro o cinco de sus jefes escojan para luego hacer la trampa de hacer creer a la gente que va a votar. Se busca regresar a un pasado autoritario. Van a acabar con la democracia y tendrán que explicar a las próximas generaciones qué hicieron con el país”.
Cuarta ronda
Al iniciar esta ronda, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) resaltó que la reforma propone el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley, pero también de un ejercicio de competencia equitativa. “Se busca que los Poderes de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial dimanen del pueblo, como lo marca nuestra ley”.
Del PAN, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López dijo que la reforma amenaza gravemente la autonomía e independencia de uno de los pilares más importantes del Estado de derecho. “En lugar de fortalecer el acceso a la justicia, la reforma la debilita imponiendo un sistema de tómbola para la selección de jueces y magistrados y reduciendo los requisitos de experiencia que son necesarios para ocupar los principales cargos del sistema de justicia”.
Claudia Sánchez Juárez, diputada del PVEM, destacó que hoy se hace historia porque se está cumpliendo con el mandato del pueblo en las pasadas elecciones. Llamó a poner un tope salarial al Poder Judicial, el cual le ha quedado a deber a los mexicanos, sobre todo a aquellos que menos tienen, ya que del total de los asuntos ingresados en el Poder Judicial el 42 por ciento corresponde a la materia familiar pero solo el 3 por ciento concluye en sentencia.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) dijo que México necesita y tiene sed de justicia; por ello, el PRI votará en contra de esta reforma al Poder Judicial porque no reforma absolutamente nada, solamente tiene la misión de tener a ministros y jueces al servicio del oficialismo. “Hoy estamos una nueva generación de priistas del siglo XXI dando una buena batalla por México”.
Por su parte, Gilberto Herrera Solórzano, diputado de Morena, señaló que con la reforma los candidatos a jueces, ministros o magistrados tienen que seguir siendo licenciados en Derecho, con títulos, con años de experiencia laboral en actividad jurídica en el área de derecho afín y demostrar su honorabilidad, así como realizar exámenes rigurosos para demostrar capacidad y conocimientos, a los que se suma el que sean electos por el pueblo.
La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de MC, reconoció que urge una modificación porque hay impunidad y corrupción, “pero la mal llamada reforma al Poder Judicial lo único que va a propiciar son jueces y juezas por consigna. Hoy, el 30 por ciento de los jueces actúa por consigna, pero ahora será el cien por ciento y no lo podemos permitir. Se necesita una reforma integral, con transversalidad en la justicia y que vaya a los poderes locales.
Por el PT, el diputado José Luis Sánchez González destacó que reformar el Poder Judicial es cumplir con un deber popular, honrar su palabra y compromiso, y es un imperativo ético, político, jurídico y revolucionario, pues busca refundar un órgano desprestigiado. “Estas adecuaciones normativas permitirán elegir a los jueces por voto directo, los cuales serán perfiles profesionales y calificados, y se privilegiará la democracia participativa”.
Laura Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN, coincidió en la necesidad de hacer una reforma profunda al Poder Judicial como cualquier institución que amerita ser fortalecida; sin embargo, su grupo parlamentario no está de acuerdo en que se realice a través de “destazar y destrozar la protección y garantía de los derechos humanos en materia de justicia”. “Con estas reformas se acaba la democracia y se aniquila a la República”.
La diputada de Morena, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, expresó que la reforma es una revolución, una ruptura con el pasado de privilegios, abusos e injusticias y la posibilidad de acceder a un sistema de impartición de justicia realmente justo; garantiza la paridad de género en cada etapa y la participación de las juventudes en la elección de las y los operadores. “Es un acto de justicia y una exigencia ciudadana que concluyó que el Poder Judicial es injusto, lento, desigual, insensible y corrupto”.
Del PRI, la diputada Sylvana Beltrones Sánchez afirmó que se pone en riesgo el acceso y la impartición de justicia y habrá una pérdida de independencia judicial. Se manifestó por tener jueces imparciales, no populares cuyas decisiones se deban a quienes los eligieron o al grupo que los apoyaron. “El Poder Judicial es la última línea de defensa ante los abusos de poder; por eso, estamos en contra. Estamos poniendo en riesgo el Estado de derecho, la autonomía de los poderes y el ejercicio de la democracia”.
La diputada Rosa Hernández Espejo, de Morena, externó que la reforma cambia la manera antidemocrática de la designación de ministros y jueces del Poder Judicial, para que no sean designados por el Ejecutivo con el aval del Senado de la República, sino “por el pueblo para servir al pueblo”, por lo que la modificación los envolverá en una contundente legitimidad.
María Isabel Rodríguez Heredia, diputada del PAN, advirtió que la reforma abre las puertas a la impunidad, al narcotráfico y al crimen organizado, lo que generará desconfianza entre actores económicos, políticos y sociales. “Es una simulación para tener el poder total y absoluto sobre la justicia del país. No es una lucha contra la corrupción, sino un intento de someterlo a los intereses del Ejecutivo”.
Con información de la Cámara de Diputados
