Raúl Flores Martínez.
La Fiscalía General del Estado de México se encuentra en el ojo del huracán debido a serias acusaciones de corrupción y extorsión contra una red de fiscales y ministerios públicos que están fabricando delitos contra ciudadanos que tienen la mala fortuna de caer en sus manos.
De acuerdo con la Información Filtrada, las quejas han llegado a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez quién ya pidió el apoyo al área de inteligencia de la Policía Estatal y al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que a través del Centro Nacional de Inteligencia se inicie una investigación profunda contra policías ministeriales, fiscales y ministerios públicos que se benefician con la creación de carpetas de investigación para obtener recursos ilícitos.
Uno de los casos más notorios es el del empresario Raúl Madrazo Castelazo, quien ha denunciado un aparente esquema de extorsión perpetrado por miembros de la FGJEM. Según Madrazo Castelazo, la fiscal regional de Toluca, Martha Lizeth Córtez, actuando bajo las órdenes del licenciado José Luis Cervantes Martínez, ha sido pieza clave en una conspiración que busca intimidar y despojar de sus bienes.
El esquema de corrupción implicaría la creación de carpetas de investigación sin fundamentos sólidos. En el caso de Madrazo Castelazo, se le han iniciado dos carpetas por los delitos de abuso de confianza y despojo de un inmueble.
Estos cargos, según la denuncia, no tienen base legal y han sido fabricados para justificar la extorsión y la presión sobre el empresario. La situación se complica aún más con la implicación del juez de control David Valencia Gayoso, con sede en Tlalnepantla.
Según las denuncias, Valencia Gayoso ha colaborado con los fiscales en la creación y manipulación de estos casos para lograr que las amenazas y la extorsión sobre Madrazo Castelazo continúen sin restricciones.
La denuncia ha encendido las alarmas sobre la integridad de la Fiscalía General del Estado de México y ha llevado a diversos sectores de la sociedad a exigir una investigación exhaustiva.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de empresarios han comenzado a presionar para que se tomen medidas contra la corrupción dentro de la fiscalía. Madrazo Castelazo ha señalado que, además de las amenazas y extorsiones, ha sido víctima de campañas de difamación destinadas a socavar su reputación y justificar las acciones legales en su contra.
En medio de estas acusaciones, el empresario ha solicitado a las autoridades competentes una revisión imparcial de los casos y un castigo ejemplar para los responsables.
Es un hecho que pronto se tendrá un escándalo que pondrá en evidencia la necesidad urgente de reformas y medidas de transparencia en las instituciones encargadas de administrar justicia en el Estado de México.
Mientras tanto, el caso de Raúl Madrazo Castelazo sigue siendo un testimonio de las presiones y abusos que enfrentan algunos ciudadanos en un sistema que debería proteger sus derechos, de esto ya está enterada la gobernadora Delfina Gómez pidió que de manera silenciosa se lleve a cabo una investigación en este caso.
Incluso ayer martes, un grupo de policías encubiertos y elementos del Centro Nacional de Inteligencia esperaban la llegada de la fiscal regional de Toluca, Martha Lizeth Córtez y varios elementos de la policía ministerial que de manera ilegal entrarían a la casa del empresario para sembrarle armas, droga y algún objeto del delito; sin embargo, alguien les dio el pitazo y no acudieron. Esta vez se salvaron, pero ya andan sobre ellos para detenerlos con las manos en la masa, solo es cuestión de esperar.
