Raúl Flores Martínez.
En un contexto donde la lucha contra el crimen organizado sigue siendo uno de los mayores desafíos para la seguridad y el bienestar social, la propuesta de una Reforma Judicial se convierte en un tema de profundo debate.
Mientras que la intención declarada es modernizar y hacer más eficiente el sistema de justicia bajo el pretexto del voto popular, surgen preocupaciones sobre el posible impacto que esta reforma podría tener si es aprovechada por actores criminales.
Debemos dejar en claro que de los mayores riesgos es la posibilidad de que el crimen organizado utilice la reforma para imponer a sus jueces a través de toda su estructura criminal y social con el objetivo de manipular el sistema judicial en su beneficio.
Para nadie es un secreto que el crimen organizado ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para adaptarse y evolucionar, desde la infiltración en las fuerzas de seguridad hasta el control de sectores económicos.
Sin duda alguna las organizaciones criminales buscan constantemente nuevas formas de consolidar su poder y asegurarse impunidad. La Reforma Judicial, si no se implementa con las salvaguardias adecuadas, podría ofrecer una nueva vía para que estos grupos influyan en la selección de jueces y fiscales.
La propuesta de abrir el proceso de designación de jueces a mecanismos de participación ciudadana, como votaciones en plataformas sociales, es un área que genera especial inquietud.
La supuesta Reforma Judicial, es una fantasía de la perversa mente de López Obrador que trata de engañar a los mexicanos con buenas intenciones para supuestamente democratizar la justicia y hacerla más accesible, el riesgo es que las mismas herramientas diseñadas para empoderar a los ciudadanos sean cooptadas por el crimen organizado.
Sabemos de antemano que las organizaciones criminales cuentan con los recursos y la capacidad logística para movilizar grandes cantidades de votos a favor de candidatos que les sean favorables.
Otra preocupación es la manipulación de la opinión pública a través de campañas de desinformación en redes sociales y otros medios, donde el crimen organizado podría influir en la percepción de ciertos jueces o candidatos.
La promoción de perfiles que, en realidad, estén alineados con sus intereses, o la difamación de jueces íntegros que representan una amenaza para sus operaciones, son tácticas que ya hemos visto en otros contextos, también hemos visto a jueces que son comprados por el dinero bañado de sangre de los criminales.
Otro punto que no es tomado en cuenta es que el peligro no se limita a la manipulación de la opinión pública, existe grandes riesgos de que los actores criminales recurran a amenazas directas contra los jueces y sus familias.
Quizá los diputados y senadores levantadedos y de ciega obediencia de Morena, no se han dado cuenta que la designación de jueces a través de plataformas más abiertas podría exponerlos aún más a estas presiones, reduciendo su capacidad para actuar con independencia y justicia.
