Francisco Garfias.
El enojo de los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) se reflejaba en los cánticos, pancartas, mantas, silbatos, tambores, matracas que utilizaron en las manifestaciones de ayer contra la reforma de AMLO que, según ellos, amenaza la autonomía del sistema de justicia en México.
A mediodía protestaron frente a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro y, por la tarde-noche, en el Ángel de la Independencia.
Simultáneamente, dentro del recinto parlamentario, el oficialismo avanzaba en comisiones en la aprobación del dictamen de la controvertida reforma. Veintidós diputados de Morena, PVEM y PT votaron a favor; 17 del PAN, PRI y MC en contra.
El oficialismo permaneció sordo frente a los reclamos de los trabajadores del PJF, que hoy cumplen nueve días en paro contra la controvertida reforma que pone en entredicho su carrera judicial y los deja en la incertidumbre.
“¿En dónde están? ¿En dónde están los diputados que nos iban a escuchar?”, coreaban los trabajadores, mientras en la Cámara de Diputados, la mayoría oficialista comenzaba los trabajos de demolición del sistema judicial, tal como lo conocemos.
Quieren aprobar “en chinga” la reforma y dejarla lista para que la nueva legislatura le dé su “regalo de despedida” a López Obrador (el copyright es de Mario Delgado) antes que se vaya a “La Chingada” (me refiero a su rancho, no sean malpensados) el 30 de septiembre próximo.
Decía una pancarta: “No somos paleros, somos abogados”.
Otra: “Examen sí, tómbola no”.
Una más ruda: “México, despierta, la dictadura está en la puerta.”
Y coreaban consignas:
“El Poder Judicial no va a caer, no va a caer…”
“Si el pueblo se inconforma, no pasa la reforma.”
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En medio de la manifestación, en San Lázaro, platicamos con Adriana Arreguín Hernández, quien empezó a trabajar en el Poder Judicial hace 30 años.
Iba en segundo semestre de la carrera de derecho en la Universidad del Valle de México cuando entró. Hizo todo el recorrido: meritoria, oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgados, secretaria de colegiado. Ha presentado concursos de oposición.
Comenta al respecto: “Han sido noches de desvelo para prepararte para un examen de juez, como para que ahorita, ese es nuestro dolor, no se valore la carrera judicial en su justa dimensión y se diga: los muchachos que salgan de la Universidad, sin experiencia, pueden ser jueces federales.”
No niega que el PJF requiere cambios, “pero éste no es el camino”, subraya.
La indiferencia de los ciudadanos la lastima.
“Nosotros protegemos derechos humanos. Las personas de Ecatepec, por ejemplo, vienen porque están construyendo en edificios Polanco y les quitan el agua para llevarla allá. Oye, vamos al amparo.
“Nosotros tenemos que velar porque los ciudadanos tengan todo lo que necesitan para subsistir: agua, salud, muchísimas más cosas. Eso es lo que la gente no ve. Le da igual si nos quitan.”
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La reforma sí va a pasar. El oficialismo tiene mayoría calificada –dos tercios de los legisladores presentes– en San Lázaro y sólo le faltan tres escaños para alcanzarla en el Senado.
Manuel Velasco, del PVEM, declaró ayer que ya tienen amarrados esos tres votos de la oposición. No dijo nombres.
Ricardo Monreal, futuro coordinador parlamentario de la bancada del Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la reforma podría aprobarse por el pleno el 1º de septiembre, en sesión distinta a la de instalación de la nueva legislatura.
El oficialismo también ha hecho caso omiso de las advertencias –internas y externas-, sobre los riesgos que implica la destrucción del actual sistema de justicia.
Lo quiere reemplazar por el “Plan C” (Plan Capricho) de AMLO, bajo el engañoso pretexto de “democratizar” al Poder Judicial; y combatir la corrupción de jueces, magistrados y ministros.
Un editorial del influyente Washington Post, publicado ayer, advierte que si la independencia judicial se acaba con la Reforma Judicial, las consecuencias políticas las pagaría la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
“En juego está la independencia y la aplicación de la Ley en un país que conoce poco de ambos a lo largo de su historia. El plan de López Obrador puede también ser un obstáculo para la integración económica de América del Norte”, asevera.
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Ya que estamos, les cuento una inadmisible paradoja de la que nos enteramos ayer. En tiempos de campaña, Claudia Sheinbaum fue denunciada en numerosas ocasiones por actos anticipados de campaña, pero también por no tener un “modo honesto de vivir”, requisito indispensable para cualquier candidatura.
El TEPJF le dio luz verde a las denuncias. Claudia se preocupó y se ocupó. Pidió a la Suprema Corte que retomara el caso.
El tema fue a dar a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Fue ella quien hizo el proyecto que permitió a la hoy presidenta electa seguir en la contienda. Argumentó ante sus colegas que el señalamiento de que no tenía un “modo honesto de vivir” era vago y abstracto. Los ministros lo desecharon.
¿Y cuál es la paradoja? Que a los ministros de la SCJN que evitaron le quitaran la candidatura a la primera mujer que será presidenta los van a correr, y los magistrados del TEPJF no.
FIN
