Raúl Flores Martínez.
La reforma judicial en México, impulsada por el gobierno actual, ha generado un intenso debate y preocupación en la sociedad.
Porque es muy sencillo de reflexionar y no se necesita ser un experto en la materia para saber que la reforma judicial, lejos de fortalecer la independencia y eficacia del sistema, amenaza con politizar la justicia.
La concentración de poder en el Ejecutivo y la reducción de la autonomía del Poder Judicial generan inquietud, sobre todo que le abre la puerta al crimen organizado.
La eliminación del Consejo de la Judicatura y la creación de un órgano de supervisión bajo control presidencial socavan la separación de poderes.
La figura del “juez de garantías” puede convertirse en un instrumento de control político, sobre todo la reforma también debilita la lucha contra la corrupción y la impunidad, al limitar la autonomía de las fiscalías o procuradurías.
Queda claro que la sociedad mexicana merece una justicia independiente y eficaz, no una sometida a intereses políticos, por ello es crucial que la ciudadanía y los medios de comunicación mantengamos una mirada crítica y exigente sobre esta reforma, para evitar que se convierta en un retroceso para la democracia y el Estado de derecho en México.
El movimiento que están realizando trabajadores del Poder Judicial, incluyendo jueces y magistrados, es solo la muestra de que se le puede voltear el país a López Obrador en sus últimas semanas de mandato.
Incluso podría dejar un país con suspicacias a nivel internacional, solo dos pruebas Estados Unidos y la ONU pronunció su preocupación por los efectos de la Reforma Judicial, efectos que darán inicio a una perpetua ola de violaciones a sistema judicial en México.
