Francisco Garfias.
Es grave para la República lo que ocurrió ayer. El INE avaló que el oficialismo tenga una mayoría calificada en la Cámara de Diputados –73 por ciento de las curules– a pesar de que en las urnas sólo consiguieron el 54 por ciento de los votos.
De acuerdo al proyecto aprobado por el Consejo General de ese Instituto, en el Senado sólo les faltarían tres escaños para alcanzar esa mayoría constitucional.
Me atrevo a adelantar que no les será difícil conseguirlos. Mañas les sobran. Opositores que se presten al juego también. Lo digo por experiencia.
Morena y sus aliados tienen luz verde para hacer lo que les de la gana con la Constitución.
Con la distribución de las 200 diputaciones plurinominales que avalaron siete de los 11 consejeros, la Cámara de Diputados quedará integrada como sigue:
Morena ocupará 236 curules; el PVEM, 77; y el PT, 51. El oficialismo tendrá un total de 364 diputados. La oposición sólo contará con 136 diputados distribuidos de la siguiente manera: PAN, 72; PRI, 35; MC, 27; PRD, uno; y habrá un independiente.
En el Senado, Morena, PVEM y PT contarán con 83 de los 128 escaños. Necesitaban 86 para la anhelada mayoría constitucional.
Lo que queda de la oposición ya anunció que va a inconformarse en el Tribunal Electoral, pero será una formalidad. Una mayoría de los magistrados que lo integran ya mostraron de qué pie cojean.
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El debate en la sesión del Consejo General fue largo y de trámite. El argumento de que se utilizó el mismo criterio que en las últimas cuatro elecciones para la distribución de pluris fue recurrente en los representantes del oficialismo.
La “grave distorsión” que derivo en una sobrerrepresentación nunca vista fue el argumento utilizado por la oposición.
A pesar de que los representantes de las minorías -junto con los consejeros que votaron en contra- ganaron ese debate, desde el inicio se sabía que el oficialismo tenía amarrada esa mayoría constitucional en San Lázaro y a los 83 senadores.
La incógnita era si se mantenía el escaño pluri del prófugo ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. El PAN pidió que se la retiraran, pero lo consejeros rechazaron la propuesta. Tendrá fuero.
En el salón que alberga la “herradura de la democracia” –donde se desarrollaba el debate– apareció súbitamente el senador y dirigente real de MC, Dante Delgado.
El hombre caminó hasta el lugar que ocupaba Ivonne Ortega, representante del naranja ante el Consejo General. Su paso era lento e inseguro.
Hizo escala en el INE antes de internarse en el hospital para ser operado, explicó la diputada Ortega.
Quería posesionar a su partido frente a las y los consejeros. Les dijo:
“Lo que están por decidir determinará el presente y futuro de nuestro país, así como el de nuestro sistema político y electoral. El día de hoy tienen una enorme responsabilidad, porque van a definir la conformación de la Cámara de Senadores y la de Diputados.
“Lo que hoy decidan será algo que el país no olvidará. Pueden ser recordados como quienes defendieron el Estado de Derecho y la Constitución; o como quienes avalaron una ingeniería electoral diseñada desde el Poder para que una fuerza política ostente una mayoría legislativa artificial e ilegal.”
Ni caso le hicieron la mayoría de los consejeros.
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Si el sexenio que termina fue el de “no le muevan ni una coma” con todo y que no tuvieron mayoría calificada, en el que comienza no van ni a voltear a ver a los opositores a la hora de adecuar la Constitución a sus necesidades.
Vamos derechito a la “dictadura de las mayorías”, ilustró ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en entrevista con Jaime Núñez de Radio Fórmula.
La prioridad, hoy por hoy, es el “Plan C” (Plan Capricho) de AMLO, que incluye 18 reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial que tiene en paro a casi 55 mil trabajadores, jueces y magistrados incluidos.
Lo vimos ayer en la Cámara de Diputados, donde ya comenzó el trabajo de demolición de los órganos autónomos que el autócrata de Palacio dice “no sirven para nada”.
Diputados Morena, PVEM y PT aprobaron en comisiones el dictamen que desaparece el INAI, el Coneval, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH y el Sistema Nacional de Mejora Educativa.
Dejaron la mesa puesta para que el pleno de la nueva legislatura, que se instala el 1º de septiembre, la apruebe su discusión.
Adiós al derecho a saber y la Protección de Datos personales, tareas que realiza el INAI. El “Instituto de la Transparencia”—como le dice AMLO–, sacó un comunicado el que llama a un diálogo constructivo con los actores involucrados en su desaparición, y advierte:
“Esta reforma es un retroceso que afectará gravemente el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. El INAI no es sólo un organismo, es una piedra angular en la construcción de una democracia sólida y transparente.”
Adiós a las atinadas valoraciones del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales; a la supervisión de las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que hace el IFT, entre otras cosas.
Lo que asoma es el resurgimiento de un partido hegemónico que no vacilará en demoler las ya dañadas instituciones democráticas para mantenerse en el poder.
FIN.
