Raúl Flores Martínez.
Sólo en México se puede vivir diariamente con el miedo de ser presa del crimen organizado, no importa si es comerciante o familiar de alguien que denuncia el actuar de los diversos grupos delictivos contra un determinado sector.
En días pasados el maestro Mario Roldán Roblero, aseguró que trabajadores de la educación en Chiapas también son víctimas del crimen organizado, eso llevó a la desaparición de cinco de sus familiares.
No es un secreto que México enfrenta una realidad alarmante: el crimen organizado ha extendido sus tentáculos, infiltrándose en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Uno de los métodos más insidiosos utilizados por estas organizaciones es el cobro de “piso” o “cuota de protección” a negocios y comerciantes. En este espacio hemos exhibido su modo de actuar y las dimensiones de este problema y sus impactos en la sociedad mexicana.
El crimen organizado, bajo diversas modalidades (carteles, bandas, grupos delictivos), exige pagos periódicos a comerciantes, empresarios y hasta trabajadores informales. La “protección” ofrecida es, en realidad, una garantía de no ser víctimas de violencia, secuestros o daños a sus propiedades.
De acuerdo con las propias investigaciones que realizan las áreas de seguridad del gobierno federal, ya no se trata solo de zonas conflictivas; el cobro de piso se ha extendido a áreas urbanas y rurales, afectando desde pequeños comercios hasta grandes empresas.
Ya lo mismo es la toma de mercados y tianguis por los grupos delictivos, el secuestro de empresarios y comerciantes que se niegan a pagar, aunado a la infiltración en la administración pública y seguridad.
Los impactos son inmediatos en el entorno social, nacional e incluso internacional al provocar el desaliento a la inversión y el emprendimiento, el incremento de costos para los consumidores, la pérdida de empleos y cierre de negocios, sobre todo la desestabilización de la economía local.
Todo esto bajo el letargo y complicidad del gobierno federal y del propio Presidente López Obrador que en su mundo color de rosa fue fomentando y fortaleciendo al crimen organizado con la falta de políticas efectivas para combatir este delito, la insuficiente protección para las víctimas, sobre todo con la corrupción y colusión en algunas instancias de los tres niveles de gobierno.
E valemadrismo del Presidente López Obrador para combatir a los grupos delictivos volvió el cobro de piso un cáncer que devora la confianza y la seguridad en México, por lo que ya es urgente una estrategia integral que combine políticas de seguridad, justicia y apoyo a las víctimas, solo así podremos erradicar este flagelo y reconstruir un tejido social libre del miedo y la extorsión.
