Francisco Garfias.
Comenzó la revuelta contra la reforma de AMLO que pretende liquidar al único poder autónomo que le hace contrapeso al gobierno de Morena en México: el Judicial.
Los trabajadores del PJF se fueron ayer a paro indefinido en 17 estados de la República. Están convencidos de que la reforma sí afectará sus derechos laborales y su carrera judicial, pese a las promesas del gobierno.
Jueces y magistrados, por otra parte, podrían suspender labores el próximo miércoles para protestar contra la reforma que propone, entre otras cosas, que los juzgadores sean electos por voto popular.
La sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para este martes 20 de agosto, se suspendió, debido a que las ministras y ministros sostendrán una sesión privada en la sede principal del máximo tribunal sobre las acciones a seguir.
El Peje ya se va, pero le deja a Claudia Sheinbaum el “huevo de la serpiente.”
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“Nosotros no damos abrazos a los delincuentes. Los encarcelamos”, decía una elocuente manta colgada ayer en las rejas del Palacio de Justicia en San Lázaro, donde se concentraron los trabajadores del PJF.
Los abrazos, dicen, solo han servido para romper el récord de homicidios.
En otra manta que daba voz a los inconformes se leía: “Juzgar no es un asunto de popularidad. Basta de mentiras: el Judicial es un poder honesto”. Y una más: “jueces por voto popular no; carrera judicial sí”.
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El argumento del oficialismo para defender la citada reforma, es que va a “democratizar” al Poder Judicial.
Pero a decir verdad, no hay en el dictamen medidas concretas para evitar una catástrofe anunciada: la irrupción del narcotráfico a favor de candidatos a modo.
Los morenos pueden repetir hasta el cansancio que no se le permitirá a los cárteles de la droga intervenir en el proceso de elección de los juzgadores.
Ya vimos, en los comicios de este año, lo eficaces que son para proteger a los candidatos a cargos de elección popular: 130 aspirantes, precandidatas y candidatas, fueron atacadas presuntamente por grupos del crimen organizado, durante el pasado proceso electoral, según Data Cívica.
De ese total, 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles. 10 fueron secuestradas, y en 14 ataques armados, la persona candidata sobrevivió pero alguien más murió.
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Claudia Sheinbaum, presidenta electa, habló ayer de la Reforma al Poder Judicial.
“Lo que queremos –dijo– es que haya un verdadero sistema de justicia en el país. Cuando fui a un evento con empresarios les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial.
“¿Por qué? Porque a un juez lo va a elegir el pueblo al igual que a un diputado. No los elige el Senado. En el Senado, muchas veces es a como se ponen de acuerdo los partidos políticos”, destacó.
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El ambiente en Culiacán, Sinaloa, está muy tenso. La gente tiene miedo. Los restaurantes solos y cuando se animan a salir, se topan con situaciones como las que nos describe un amigo sinaloense:
“Acabo de ir al Miró de la Chapultepec y llegó Rocha Moya (el gobernador) como con diez guaruras. Los sentó en diferentes mesas. Afuera plantó otro dos cabrones en las dos entradas del restaurante.
“Por lo menos vimos dos motopatrullas dando vueltas. No chingues, que pinche incomodidad estar allí. Pedimos la cuenta mejor.”
No es para menos. El pasado fin de semana fueron asesinadas diez personas en Sinaloa, incluido un capo por el que Estados Unidos ofrecía cuatro millones de dólares, en hechos vinculados con la captura del Mayo Zambada, según el gobernador morenista.
El propio Rubén Rocha, involucrado por El Mayo Zambada como asistente a una reunión en la que estuvo el asesinado ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, detalló que cuatro de los homicidios se registraron el viernes y seis más el sábado.
Horas antes de las declaraciones de Rocha, el presidente dijo en la mañanera que Sinaloa se había mantenido “muy estable” y que no ha habido informes de confrontación entre grupos armados.
Tan “estable” está ese estado que ayer llegaron 600 militares a Sinaloa para hacer frente a la ola de violencia que allí se vive.
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Sólo en México ocurren estas cosas. Un prófugo de la justicia, Javier Corral, denunció la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por “privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y lo que resulte.”
Fue su respuesta a la orden de aprehensión que le giró la Fiscalía de Justicia de Chihuahua al ex gobernador de esa entidad, por un desvío de recursos públicos por 98 millones de pesos.
Cómplice de la fuga de Corral—no es broma—es Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de Justicia de la CDMX. Este hombre cometió el delito de obstrucción de la justicia, pero como forma parte de las filas de oficialsmo, sigue tan campante.
FIN
