Fernando Moctezuma Ojeda.
En Chiapas, uno de los estados más ricos en diversidad cultural e historia de México, se libra una batalla silenciosa que amenaza con destruir la vida y la esperanza de sus habitantes. La crisis de seguridad que envuelve la región no es un fenómeno aislado; es la consecuencia directa de años de desatención y de políticas ineficaces por parte de las autoridades, quienes, en algunos casos, parecen haber optado por la complicidad con el crimen organizado. La violencia que impera en Chiapas, particularmente en las zonas fronterizas, es un recordatorio doloroso de las profundas grietas que atraviesan el tejido social y gubernamental del país.
La inseguridad en Chiapas es un problema multidimensional que no puede reducirse a una sola causa o solución. El narcotráfico ha encontrado en el estado un punto neurálgico para sus operaciones, incrementando los niveles de violencia a través de enfrentamientos armados entre cárteles rivales que disputan el control territorial. Esta situación no solo ha cobrado vidas, sino que ha sembrado el miedo entre las comunidades, quienes ven cómo su día a día se convierte en un campo de batalla.
A la par, Chiapas se enfrenta a otro flagelo devastador: la trata de personas. Mujeres y niñas, principalmente de las comunidades indígenas, son víctimas de un sistema que las despoja de su humanidad, convirtiéndolas en mercancía en un mercado clandestino. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado con urgencia la necesidad de atender esta problemática, pero las acciones han sido insuficientes. La omisión, tanto a nivel local como federal, ha permitido que estos crímenes se perpetúen.
La violencia en Chiapas tiene raíces que se hunden en la pobreza estructural y la desigualdad. El estado alberga una de las poblaciones más pobres y marginadas del país, en gran parte compuesta por pueblos originarios que han sido históricamente olvidados por las políticas públicas. Esta situación ha generado un caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado, que se aprovecha de la falta de oportunidades y del resentimiento social para reclutar y expandir su influencia.
Las políticas asistencialistas implementadas por el gobierno federal han aliviado parcialmente la pobreza, pero no han abordado las causas estructurales de la violencia. Sin transformaciones profundas que generen oportunidades reales de desarrollo económico, social y educativo, cualquier esfuerzo por combatir la inseguridad será insuficiente. Además, la militarización de la entidad y la criminalización de líderes comunitarios han demostrado ser estrategias fallidas, que no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan al profundizar la desconfianza entre la población y las autoridades.
Ante esta situación, resulta indispensable que el gobierno federal y las autoridades locales reconozcan la gravedad de la crisis en Chiapas y actúen con la urgencia que esta demanda. No basta con el despliegue de fuerzas de seguridad; se requiere un enfoque integral que incluya a la sociedad civil y que considere las realidades y necesidades de los pueblos originarios, con una perspectiva de género y derechos humanos.
Es esencial implementar programas de desarrollo que generen empleo y oportunidades, mejorar la educación y fortalecer el tejido social. Asimismo, la comunidad internacional debe desempeñar un papel activo, no solo en la provisión de asistencia técnica y de seguridad, sino en el intercambio de buenas prácticas y el apoyo a proyectos de desarrollo sustentable.
La crisis en Chiapas no es solo un problema local; es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su conjunto. Es un llamado a repensar las políticas de seguridad y desarrollo, a escuchar a las comunidades y a actuar con determinación. Solo así se podrá construir un futuro en el que la paz y la prosperidad no sean solo un anhelo, sino una realidad palpable para todos los habitantes de Chiapas. La inacción ya no es una opción.
APUNTES CLAVE:
SINALOA: La diputada federal Paloma Sánchez condenó a la Fiscalía de Sinaloa por inconsistencias en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS. Sánchez criticó a la titular de la Fiscalía, Sara Bruna, por mantenerse en su cargo a pesar de las irregularidades. La legisladora subrayó que los sinaloenses merecen justicia y prometió continuar exigiendo respuestas claras sobre el caso. //PUEBLA: El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, lideró una Macro Jornada de reforestación como parte de su campaña “Sembremos Esperanza”, que lleva 28 años activa. Durante la actividad, se entregaron más de 3,600 árboles en diversos municipios, destacando la participación de jóvenes voluntarios. Armenta subrayó su compromiso con el medio ambiente, mencionando que este proyecto es una iniciativa personal que continuará apoyando como gobernador, en coordinación con programas como “Sembrando Vida” y con el Consejo Estatal de jóvenes. //LA PRIMERA: Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, recibió su constancia oficial y llamó a la nación a construir una “Patria Grande”. En su discurso, destacó la importancia de la participación inclusiva y subrayó la necesidad de que el término “Presidenta” sea común para reflejar la presencia de mujeres en el poder. Además, delineó 23 puntos clave para su gobierno, enfocados en consolidar la Cuarta Transformación y promover un México más justo e inclusivo. Sheinbaum también rindió homenaje a mujeres históricas que allanaron el camino para su logro histórico.
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