Carlos J. Pérez García.
Un área vital que se ha visto muy afectada este sexenio es la que incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pero aún no trasciende bien este deterioro con sus lamentables implicaciones.
De entrada, recordemos que el primero fue creado en 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho, y el segundo en 1959 por Adolfo López Mateos. Miren, a fin de ubicar mejor el drama de la Seguridad Social, es útil tener en mente elementos básicos en los que ayuda conocer desde adentro y como derechohabiente a ambas instituciones: muy grandes, diversas y complejas con historiales importantes.
Una y otra tienen esquemas de operación o aseguramiento que comprenden 1) servicios médicos, 2) pensiones y 3) otros seguros o servicios, con respecto al apartado A del artículo 123 constitucional (empleados del sector privado en general), o su apartado B (trabajadores al servicio del Estado) respectivamente. Para efectos de afiliación el IMSS tiene un régimen obligatorio y otro voluntario.
En cuanto a órdenes de magnitud, el IMSS es el mayor organismo de Seguridad Social en América Latina. Su presupuesto de 1,460 miles de millones de pesos resulta casi 3 veces superior al del ISSSTE, y algo semejante se observa con sus empleados (485,000 frente a 116,000, 4 veces más) o sus derechohabientes y beneficiarios potenciales (más de 70 millones, en comparación con 14 millones, 5 veces).
La piedra angular y el financiamiento del IMSS tienen un carácter tripartito (Estado, patrones y trabajadores), al igual que en el ISSSTE (el Estado, el área gubernamental que los emplea y los propios trabajadores). Los dos organismos descentralizados ya traían problemas de sexenios anteriores, principalmente el ISSSTE, pero se han agravado estos años.
Se han politizado con una menor autonomía y consecuencias muy desventajosas: detrimentos financieros, inversiones reducidas, desabasto de medicamentos y deterioro general de sus servicios. Todo ello, en paralelo a la cancelación del Seguro Popular y el fracaso del INSABI, ha significado un impacto negativo en la salud de los derechohabientes, con muertes en exceso y dramas familiares.
Las limitaciones en la atención pública a pacientes por la saturación y falta de medicamentos han ocasionado que se interpongan demandas de amparo. Al verse rebasadas, las instituciones tardan meses en detectar enfermedades y, aun con el fallo favorable de un juez, decenas de personas han muerto en espera de lo que tienen derecho.
He confirmado la desesperación de la gente cuando no les dan cita o fecha para una intervención quirúrgica urgente, o les reiteran que no se cuenta con el fármaco que requieren en su tratamiento. Y a menudo tienen que desembolsar en atención privada.
La salud no ha sido prioritaria este sexenio y la atención a la población abierta ha retrocedido, pero inclusive quienes cuentan con cobertura de Seguridad Social enfrentan una notoria regresión. Igual, se busca expandir un antiguo esquema que ahora se denomina IMSS-Bienestar, lo cual afecta a los que tienen derechos adquiridos desde hace años (incluso pensionados).
La semana próxima concluiremos con este tema.
* ESTUVE EN LA PROTESTA dominical frente al INE y, aunque no la vi tan numerosa, los argumentos en contra de una súper-representación (representación desmedida o excesiva) son tan contundentes como los de López Obrador y su gente cuando pertenecían al PRD en 1998… Confirmo que, ya en el poder, los obradoristas están planteando precisamente lo opuesto a aquello de sus tiempos de oposición. Bien se dice: ¡No es lo mismo ser borracho que cantinero!
Pero, más allá de las incongruencias, en el caso actual va de por medio nuestra República democrática y, ante posturas aberrantes del presidente, tanto el INE como el Tribunal Electoral tendrían que demostrar que no han sido capturados. Resulta increíble que las últimas tendencias puedan anticipar algo tan negativo para México, y es así que los cuatro presidentes del IFE-INE desde 1996 urgen a la actual que respete la Constitución, tal como a ellos les correspondió.
La ya presidenta electa estará obligada a ser mucho mejor que quien la inventó, aunque sus legisladores difícilmente puedan serlo.
@cpgarcieral
