Raúl Flores Martínez.
En la actualidad el crimen organizado en México se ha vuelto el dueño absoluto de estados y regiones qué no se mueven sino pagan el debido cobro de piso, las organizaciones criminales han impuesto funcionarios, presidentes municipales y gobernadores; sobre todo en la zona del pacífico, por qué no poner jueces.
La reforma judicial en México que busca imponer la Cuarta Transformación, tiene varios asegunes que deben de llamar la atención. Quizá el sueño maravilloso de los morenistas es qué esta Reforma está supuestamente destinada a fortalecer la independencia y transparencia del sistema judicial.
Sin embargo, enfrenta un desafío inesperado y preocupante: la incursión del crimen organizado. La infiltración de grupos delictivos en el sistema judicial amenaza con socavar los esfuerzos por una justicia más equitativa y eficaz.
No es un secreto que varios jueces han sido señalados por estar vinculados o tener negocios con los criminales quienes dan millones de pesos para que sus jefes o integrantes obtengan la libertad.
El dejar que los ciudadanos con su voto decidan quién será los jueces, puede tener una grave consecuencia para la impartición de justicia en México que va del debilitamiento de la independencia judicial y autonomía del sistema.
Pasando por la impunidad para los criminales y fortalecimiento de las estructuras delictivas, lo que derivará en la pérdida de confianza en el sistema judicial y en las instituciones, además del infrenable avance del crimen organizado y violencia en la sociedad.
Es un hecho que la reforma judicial no puede ser rehén de la delincuencia, principalmente de la que se dice legisladora, senadora, una delincuencia que lo único que exhibe es una ignorancia en el tema, sobre todo que exhibe su fanatismo ignorante por López Obrador.
Es hora de actuar con firmeza para proteger la justicia y la democracia en México, ya lo harán los magistrados de circuito y los jueces con un paro indefinido, pero y los demás políticos dónde están.
