Rubén Cortés.
El acoso a las ONGs con que cierra el presidente su encargo, es una imitación de lo que ya hizo su aliado el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Y busca incapacitar a la sociedad civil para que no pueda enfrentar al sistema de mando único que él deja.
Sin embargo, completar la tarea de matar a las ONGs es una chamba que delega el presidente a la presidenta electa, a quien deja todas las herramientas prácticas y constitucionales para el establecimiento de una autocracia legal: ella decidirá qué hacer con eso.
En el caso de las ONGs, como Mexicanos Contra la Corrupción, lo que continúa en el librito es que éstas informen a la policía el dinero que reciben de donaciones del extranjero, por considerar que es antipatriótico e inmoral recibir dinero extranjero.
Ortega le llamó a esa medida Ley de Regulación, y castigó a tres mil 600 organizaciones que se negaron al sometimiento, cancelándoles la personería jurídica y sus bienes fueron traspasados al Estado. Después, la mayoría solicitó su disolución voluntaria.
A poco más de un mes de terminar su gestión, el presidente mexicano violó un sinfín de leyes al divulgar los montos que recibió legalmente Mexicanos Contra la Corrupción de parte de Estados Unidos, Reino Unido y empresas y ciudadanos de México.
El presidente demostró en la OEA sus simpatías con la anulación de las organizaciones civiles, al votar contra una resolución aprobada contra Ortega por “hostigar a la Iglesia católica y perseguir a la prensa y las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua”.
La anulación de las organizaciones no gubernamentales es un mandamiento de La Habana a la coalición de países con gobiernos castrochavistas. Junto con Nicaragua, ya lo hizo Venezuela. México amaga con hacerlo: cuenta con mes y medio para ello.
El dictador venezolano Nicolás Maduro dictó una ley que obliga a las ONG a presentarle a su gobierno un listado de sus miembros, de sus fuentes de financiación y sus movimientos bancarios en el exterior.
Maduro les tiene pavor a las ONG, porque fue el trabajo de éstas en captación de hechos, datos y denuncias de los ciudadanos lo que hizo posible que Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional lo acusaran de crímenes de lesa humanidad.
Y el presidente mexicano ya adelantó un tramo importante en su aplastamiento de la sociedad civil, al prohibirle el financiamiento a través de los fideicomisos que canceló y que, antes de su gobierno la financiaban en buena medida.
Aquellos fideicomisos prohibidos aportaban 68 mil millones de pesos a científicos, creadores culturales atletas participantes en Juegos Olímpicos, becarios de estudios de posgrado, damnificados de desastres naturales… Todo eso se fue a la compra de votos.
Eso viene: una autocracia legal.
