Francisco Garfias.
AMLO está irritado y preocupado por la labor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI.) Esta organización ha realizado más de 1,200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país.
El presidente anunció ayer que enviará una carta a su homólogo Joe Biden, para denunciar la “injerencia” de EUA en asuntos internos de México, a través de las donaciones que hace a MCCI.
La misiva se acompañará de una nota diplomática de la cancillería al gobierno del vecino país del norte.
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El Peje alega que MCCI es una organización que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios.
“Es una fundación que, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno, que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, asevera.
Buscamos a María Amparo Casar, presidenta de MCCI, para que nos diera su opinión sobre el anuncio de AMLO.
Respondió vía WhatsApp:
“Pues que la mande. No se cuál es el protocolo con notas diplomáticas y, por tanto, no sé si le contesten. Biden no contestó la de mayo del 2023 y dudo que conteste esta. Mexicanos contra la Corrupción tiene autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros”.
MCCI, por separado, hizo notar que no es delito que reciba donativos tanto nacionales como extranjeros. Desde el 2016, cuenta con la autorización del SAT para aceptarlos, con estricto apego a la Ley
Lo que sí va contra la Ley es que la UIF difunda información sobre los donativos que reciben organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (Artículo 69 del Código Fiscal.)
El comunicado de MCCI es fuerte:
“Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión.
“MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas”, ilustra la ONG en su respuesta a AMLO.
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Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró en la mañanera que la citada ONG tiene como apoderados legales al empresario Claudio X. González y a la investigadora María Amparo Casar, pero el comunicado de MCCI aclara que el empresario dejó esa organización en el 2020.
Algunos datos que el titular de la UIF hizo públicos son los siguientes:
Los ingresos que MCCI ha tenido desde el año 2015 son: el año 16, 68 millones 53 mil; el año 17, 75 millones 469; el año 18, 81 millones 833 mil 980; el año 19, 79 millones 867 mil 628; en el 20, 65 millones 263 mil pesos; en el 21, 40 millones 803 mil 588; en el 22, 35 millones 321 mil; y el año 23, 55 millones 974, 478 pesos.
Los recursos recibidos desde cuentas de los Estados Unidos son: tres operaciones desde de Ford Foundation por cinco millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones, dos envíos, de John and Catherine MacArthur Foundation.
Una de International Community Foundation; otra, FPOS, marca la cuenta bancaria, desde los Estados Unidos, en el año 20, 978 mil 72 pesos; una operación, un envío desde Rockefeller Brother Foundation Incorporated, por 471 mil 250 pesos; una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, en el año 2017, por 50 mil 957.
En el período 2017- 2023, se registraron nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951 pesos, procedentes de EUA.
Asegura también que a partir del 29 de agosto de 2023 hasta el 23 de enero de 2024, MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Gómez violó el Código Penal Federal al ventilar los nombres y apellidos de decenas de personas y empresas mexicanas que han apoyado financieramente a esa organización.
Pero ya se la saben: no les vengan con el cuento de que la Ley es la Ley.
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En el frente de la Reforma al Poder Judicial las cosas se ponen rudas. En puerta está un paro indefindo de 55 mil trabajadores, si no se incorporan sus propuestas en el dictamen que se apruebe en el Congreso.
“Vamos a determinar el paro en caso de no ser escuchados en la discusión. Vamos a proceder a la suspensión de labores”, advirtió ayer Rosa Elena Alonzo, directora del Colegio de Oficiales, Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
En conferencia de prensa que encabezó el senador del PRD, Miguel Angel Mancera, Alonzo dejó claro que elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros “no es la mejor opción.”
Explicó:
“No es la mejor opción porque tendrían que tener contacto con personas del crimen organizado y otras personas que no son convenientes”.
“Esa iniciativa -añadió–destruye la independencia judicial, que es garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidirá los litigios con arreglo a derecho.”
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Minutos después apareció en el Patio del Federalismo del Senado el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.
Interrogado sobre el paro, advirtió que de concretarse, jueces y magistrados que hayan convocado a esta protesta incurrirán en delitos graves.
“No hay forma que se involucren intereses mafiosos en la Corte ni en la elección. Vamos a establecer medidas legislativas para evitarlo”, aseguró.
¿Será?
FIN.
