México.- En Culiacán, Sinaloa, la Cámara de Diputados realizó el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, en donde diputada, diputados, funcionarios federales y locales, sociedad civil, analizaron el tema: “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”.
Al concluir el foro, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que de la propuesta central de reforma al Poder Judicial y de más de 170 iniciativas de legisladores que acompañaron a la del Ejecutivo Federal, en donde 34 específicamente son del Poder Judicial, solo tres cosas tenían que respetarse: método de elección de los jueces del país, dejar clara la independencia del Poder Judicial y de los otros dos poderes y respeto sin restricciones a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
Todo lo demás, como son: procedimientos, calendarios, convocatorias, dimensión de la convocatoria, fórmulas de selección, criterios de elegibilidad e idoneidad, responsables de aplicarlos, tamaño de los órganos nuevos, facultades y definición de éstos, “todo lo demás, estaba a discusión y en eso hemos estado”.
Aseguró que no hay otro documento porque a partir de mañana se empezará a elaborar. “Hay una recopilación de todas las ponencias, muchas son coincidentes y van a verse reflejadas. En pocos días todo el país lo verá y lo leerá en un dictamen que modifica en partes muy importantes la iniciativa del Ejecutivo, conservando la sustancia esencial de la propuesta: reforma al Poder Judicial, para renovar criterios, procedimientos de trabajo y permitir que el pueblo de México, convertido en ciudadanos sufragantes, participe de manera sustancial en la elección de los jueces del país”.
Anunció que a partir del día 15 de agosto, quizás un día o dos después, se podrá tener un documento que se circule para que, siguiendo el procedimiento constitucional, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales lo lean, estudien, formen opinión, se armen de argumentos y luego en pocos días más “nos convoquemos a discutirlo, hasta que encontremos las mejores razones para reformar la Constitución en este tema para bien de México”.
Se requiere un sistema de justicia integral, novedoso y moderno
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) expresó que, con la conclusión de estos foros, se hará lo necesario para que en la iniciativa del presidente de la República en el tema del Poder Judicial, se tomen en cuenta los reclamos y las peticiones de los diálogos que se realizaron en el país.
Resaltó que la parte más importante del sistema de justicia, más allá de los ministerios público, peritos, abogados y defensores de oficio, es el Poder Judicial, “ellos son a los que les corresponde decir, aplicar las leyes y hacer justicia”. Llamó a tener un sistema de justicia penal integral, novedoso, moderno y conforme a las necesidades de lo que hoy reclama el pueblo: “una profunda reforma judicial y una reforma al sistema de justicia”.
El objetivo es reformar lo que le duele a la gente
Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputado del PAN, consideró que el objetivo primario de cualquier reforma al sistema de justicia es reformar lo que le duele al pueblo en la justicia cotidiana. “No es cómo se eligen los jueces o cuántos ministros hay en la Suprema Corte de Justicia. Sí queremos una reforma integral que toque los temas que a la gente le duelen”.
Afirmó que la finalidad debe estar en las fiscalías, es decir reformarlas y modernizarlas, en los poderes judiciales locales y que la gente tenga la defensoría que se merece. Solicitó información sobre cómo evitar la sobrecarga y el desgaste del sistema de justicia penal, y sobre cómo enfocar los pocos recursos que hay para que realmente se puedan tener fiscalías que se enfoquen a asuntos más relevantes y de mayor impacto.
Un juez se formó técnicamente y no políticamente
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, dijo que un juez o jueza es una persona técnica, que ha estudiado y que resuelve, pero ahora “la quieren enfrentar a un problema: que la elijan. De eso no se trata, se formó técnicamente y no políticamente y eso es válido, lo que no se vale es que los temas técnicos los hagamos políticos”.
Comentó que las experiencias en el mundo son muchas en cuanto a la elección ciudadana de magistrados, ministros y jueces. En Estados Unidos, cuando vienen procesos electorales en algunos estados empiezan los jueces a decidir de manera política. “La justicia tiene que mejorar y se puede diferenciar entre ministros, magistrados, jueces y trabajadores”.
Debemos juntos construir esa reforma
Del PRI, la diputada Paloma Sánchez Ramos precisó que la oposición ha dejado en claro “que sabemos que necesitamos un mejor sistema de justicia y sabemos que debemos juntos construir esta reforma”. Por ello, se congratuló con estos foros, pero pidió que en realidad sean escuchadas todas las voces.
Solicitó saber en qué se van a reformar realmente las fiscalías, porque ahí es donde ni siquiera les dan un debido proceso, no hay realmente un seguimiento a lo que están demando quienes están pidiendo justicia, y si se dará presupuesto a los estados.
Reforma a la justicia tiene que ser integral
Braulio López Ochoa Mijares, diputado de MC, dijo que es urgente una reforma al Poder Judicial, “pero sí y solo sí, si esta reforma fortalece al Poder Judicial, no si lo debilita; la reforma a la justicia tiene que ser integral y se tiene que construir en un diálogo respetuosos con las y los trabajadores del Poder Judicial. Celebramos que se hayan anunciado ciertas modificaciones”.
Aseguró que la elección tiene beneficios, pero también desventajas, “hay que verlo así, no es una panacea, si hacemos el diseño correcto se tendrá como objetivo que haya mejores jueces”. Resaltó que nueve de cada diez delitos cometidos no son denunciados, de cada cien denuncias solo en 8 se abren carpetas de investigación y solo 0.34 por ciento de los delitos llega a una jueza o juez. “El tema de la elección no hay que tratarlo a la ligera”.
Respuestas de ponentes
El titular de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General de la República, Germán Adolfo Castillo Banuet, destacó que la demora en los procesos se debe a que hay laxitud en el diferimiento de las audiencias; más o menos el 80 por ciento es por petición de las defensas e imputados y 20 por ciento por causas de los centros de justicia.
Indicó que actualmente los policías de investigación pueden levantar denuncias y no necesitan forzosamente llegar ante el Ministerio Público. En el tema de cómo evitar la sobrecarga y el desgaste en el sistema de justicia penal, subrayó que actualmente los acuerdos reparatorios generan una gran cantidad de soluciones, en el fuero común hay más posibilidad de celebrarlos, o sea justicia alternativa.
Respecto al papel que debe tener el Ministerio Público en este nuevo modelo, expresó que serán respetuosos de lo que decida el Constituyente. Dijo estar en desacuerdo que los peritos salgan de la trilogía de investigación, porque para una investigación técnica-científica no pueden estar por un lado los peritos y por otro el Ministerio Público.
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, reiteró que la reforma se debe a que hay déficit de justicia, lo cual “ha visto durante los 40 años que tiene como juzgadora”. Es cierto, añadió, que se trabaja mucho porque es mucha la demanda de justicia, pero a pesar de todo esto, lo que no se debe desconocer es que a la gente común no se le ha dado respuesta.
Puntualizó que debe haber un cambio porque la respuesta no ha sido la que el pueblo necesita. Invitó a aportar su experiencia y así dar respuestas mejores para que el pueblo tenga justicia. “Los invito a entender este momento histórico que nos tocó vivir y que todos hagamos nuestra aportación como nos corresponde”.
Sara Bruna Quiñonez Estrada, fiscal general del estado de Sinaloa, mencionó que en el caso de la entidad se elige a las y los fiscales por medio de las y los diputados, es decir son elegidos por quienes fueron elegidos democráticamente y eso les da legitimidad. “No veo yo de momento la necesidad de que en la reforma se incluya un método diferente”.
Insistió en la necesidad de que la trilogía penal gane lo mismo. Recordó que cuando se les dio la capacitación para enfrentar el proceso acusatorio se les comunicó que deberían de ganar igual los agentes de Ministerio Público y los jueces, lo que no es así; de ahí que en la reforma debe quedar asentado que ambos tengan las mismas prestaciones.
La senadora electa para la LXVI Legislatura, Ernestina Godoy Ramos, aclaró que en la reforma no está contemplado el tema de las policías ni las fiscalías; de ahí que se debe dar una discusión especial para los temas de las fiscalías, de las policías y del sistema penitenciario.
También, que haya una evaluación por ley del sistema penal acusatorio porque ya hay la suficiente experiencia para decir qué funcionó y qué no. Precisó que son muchos temas que se tienen que trabajar, como es la homologación de las fiscalías, porque hay una gran diferencia entre una fiscalía y otra, dependiendo del estado.
Comentó que en la Fiscalía de la Ciudad de México se implementó el nuevo servicio profesional de carrera en la que durante tres años se capacitó a todo el personal, peritos, policías de investigación y ministerios públicos y tienen estabilidad laboral a partir de que acreditaron todo lo necesario.
La coordinadora de proyectos de la organización civil “Impunidad Cero”, Leslie Jiménez Urzúa, comentó que actualmente las fiscalías no cuentan con un sistema de carrera que se respete a nivel local, muchos están contratados por honorarios y no están inscritos en la institución, y los auxiliares ministeriales no están reconocidos en la Constitución Política.
Agregó que la asociación a la que pertenece realiza un índice de desempeño de las fiscalías con datos de las mismas, pero muchas no atienden las solicitudes de información, no son claras ni rinden cuentas. Mencionó que como está la reforma actualmente, las fiscalías no están contempladas y son inexistentes.
Marlén Ángeles Tovar, representante de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, señaló que los jueces federales “estamos trabajando y se nos estigmatiza, por eso venimos aquí a rendir cuentas. Los juzgadores federales, aunque nos cesen de manera arbitraria, sin un procedimiento, sin un juicio, vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro cargo, como lo hemos hecho todo este tiempo, a pesar de las presiones”.
Pidió conservar la carrera judicial que al Estado mexicano le ha costado 30 años de inversión “y les va a seguir costando más porque si es un despido injustificado de los juzgadores, van a venir indemnizaciones. Necesitamos una reforma de justicia que reforme a las policías, fiscalías, defensorías, tribunales locales y lo que se requiera de la justicia federal”.
La abogada y litigante con especialidad en materia agraria, Mónica Ferreyra García, resaltó que, esta es una oportunidad histórica para que la gente que adolecemos de esta justicia “vamos a entrar por primera vez y habrá un piso parejo para quienes ejercemos el derecho y quienes tenemos esa intención e interés de poder servir”.
Hizo referencia a la desigualdad latente de los sueldos de las y los trabajadores de los tribunales, principalmente los que están en la escala baja, pues es el que recibe la mayor carga procesal; por ello, se debe revisar, así como los presupuestos y los fideicomisos que existen.
Al tomar la palabra a nombre de las y los integrantes de la carrera judicial, Gustavo Saavedra, aclaró que la carrera judicial no es necesariamente un derecho escalafonario como se da en algunas empresas, sino es por exámenes, el cual es el elemento objetivo que permite constatar que la persona juzgadora tiene la calidad técnica para resolver correctamente un caso.
Como juez, recordó, se debe ser justo, ecuánime, prudente, no dejarse llevar por pasiones y fuerte para hacer valer sus decisiones; sin embargo, “para cuando sea electo, acaso le temblará la mano. Por ello, no estamos a favor de que sea elección por voto popular. Se requiere establecer que la independencia judicial deba prevalecer, no nos debe importar el aplauso, sino la protección de los derechos fundamentales”.
Con información de la Cámara de Diputados
