México.- Durante el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que se lleva a cabo este jueves en Culiacán, Sinaloa, bajo la organización de la Cámara de Diputados, las y los participantes compartieron puntos de vista en torno a impartición, procuración de justicia y seguridad pública.
La reforma busca una correcta impartición de justicia
Por medio de un video, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expresó que la reforma constitucional del Poder Judicial que se propone busca una correcta impartición de justicia y que las decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos. “La reforma será un parteaguas en la historia contemporánea de México. Ministros, jueces y magistrados pueden recuperar, con una actuación probada, la credibilidad perdida”.
Mencionó que algunos temas relevantes a considerar en la reforma es que se debe continuar trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad o víctimas de tortura. Eso, dijo, como un acto de justicia para quienes no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado o no pudieron contar con un traductor.
El segundo tema, añadió, tiene que ver con el trabajo diario y coordinado de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto y las fiscalías estatales.
Mencionó que en esta administración esa coordinación ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7 mil 992 objetivos criminales generadores de violencia de todos los grupos delictivos; sin embargo, lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad argumentando deficiencias en la investigación o a veces mero formalismos.
Consideró que hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad y afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas a quienes niegan el acceso a la justicia. “Si las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia trabajan juntas en beneficio de la población, habrá mejores resultados y la ciudadanía se sentirá segura, pero eso solo será posible con una reforma que cambie la manera de cómo se administra la justicia en nuestro país”.
La reforma debe ofrecer un presupuesto más federalista
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, planteó la necesidad de incluir en la iniciativa la obligación de tener leyes para el ejercicio de la abogacía y mejorar la justicia al tener una mejor defensa, litigio y abogados que puedan incorporarse a los poderes judiciales. Consideró que la reforma debe ofrecer un presupuesto más federalista.
Es importante hablar de una mejora en la legislación estatal y federal para defender a la gente en aspectos sobre cómo garantizar que el ciudadano que no puede recurrir a un abogado particular tenga la garantía de que va a ser defendido en iguales circunstancias. “Ojalá podamos dar el paso a una reforma de justicia y no solo a una de la estructura y la selección del Poder Judicial”.
Garantizar que quienes estén en la boleta tengan calidad moral y profesional
Ernestina Godoy Ramos, senadora electa, propuso garantizar que quienes estén en la boleta para ocupar el cargo de magistrados, ministros y jueces tengan la calidad, no solamente moral, sino también profesional, y que una vez que hayan ganado se sometan a capacitaciones fuertes antes de tomar protesta del cargo y que tengan un periodo para que sean evaluados.
Mencionó que hay maneras de garantizar que aun cuando no pertenezcan al Poder Judicial tengan toda la fuerza profesional, ética y moral para ser juzgadores. En el tema del respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores “no hay ninguna afectación y jamás se aceptaría una vulneración a los derechos de los trabajadores. Se tienen que hacer reformas legales y darles herramientas a los jueces para que puedan hacer efectivo que los procesos sean rápidos, sin violentar el derecho de defensa y proceso”.
Que haya en el país una verdadera y eficiente justicia
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, celebró estos diálogos, ya que en un país democrático impera el diálogo, la racionalidad y la libertad de pensamiento y opinión respecto a los asuntos públicos. “No oigo argumentos ni planteamientos que expresen un posicionamiento favorable en defensa al Poder Judicial; por lo contrario, en la calle, centros de trabajo, oficinas públicas, círculos políticos y academia, no de hoy sino de lustros se vienen acumulando señalamientos que mencionan los desvíos del Poder Judicial y la lentitud en la resolución de los asuntos”.
Se dice, relató, que es un poder impasible e insensible a la crítica, inoculado contra los cambios e impasible ante la desesperación y angustia de la gente que reclama justicia. “La pésima imagen, su inaceptable imagen que se ha ido conformando en la sociedad, al parecer lo tiene sin cuidado y sin percibir que el pueblo ha emitido un veredicto, el cual consiste en una renovación desde los cimientos y una refundación para que haya en el país una verdadera y eficiente justicia”.
Resaltó que la ejecución de la decisión final del Constituyente permanente sobre la reforma al Poder Judicial “generará cuestiones incidentales que requieran soluciones directas que no fueron incorporadas en el texto sancionado”. Recomendó que la elección de magistrados se haga por etapas y dijo que no hay duda alguna de una reforma que introduzca en el sistema judicial del país la transformación más profunda para alcanzar la demanda social y la aspiración de justicia.
La reforma no solo es urgente sino compleja
La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, expresó que el sistema de justicia en México ha enfrentado críticas en temas de ineficacia, corrupción y falta de transparencia, y según datos del Inegi de 2021 la impunidad alcanza niveles alarmantes, por lo que la reforma al Poder Judicial es una tarea no solo urgente sino compleja que requiere la participación activa y coordinada de todos los actores involucrados.
Hizo votos para que las reformas respondan a las expectativas y necesidades de la sociedad. El sistema judicial de México, relató, enfrenta serios desafíos que impiden su realización, como son retardos procesales, sobrecarga de trabajo y falta de recursos. “La procuración de justicia y la seguridad pública son dos áreas estrechamente relacionadas y de suma importancia en la discusión”.
Para abordar los desafíos, propuso la implementación de tribunales especializados en temas de corrupción, derechos humanos y violencia de género, a fin de mejorar la calidad y rapidez de la impartición de justicia. También, el fortalecimiento de las fiscalías y dotarlas de mayores recursos que les permitan incrementar el capital humano, profesional y especializado, así como la formación y capacitación continua.
Apoyamos la reforma al sistema judicial
Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General de la República, mostró su apoyo al Congreso de la Unión para realizar una reforma a la impartición de justicia, porque es claro que la responsabilidad del proceso penal está en manos de las autoridades judiciales, y el Ministerio Público sólo es parte, y cuando hay demora hay que reclamarle al Poder Judicial.
“Apoyamos la reforma al sistema judicial en beneficio de los habitantes del país y la Fiscalía General de la República brinda su apoyo para lograr una reforma con sentido social”, reiteró.
Mencionó que falta presupuesto para tener más agentes investigadores, policías federales ministeriales y peritos, y otorgar mejores salarios, “porque no puede ser que un agente del Ministerio Público de la Federación que se dedica a construir los casos gane menos de la mitad de lo que gana un defensor público federal y menos de cuatro veces de lo que gana un juez federal”.
Hay que mirar a las fiscalías y a los poderes judiciales locales
La coordinadora de proyectos de la organización civil “Impunidad Cero”, Leslie Jiménez Urzúa, aplaudió que se hable de las fiscalías y de la procuración de justicia, tomando en consideración que las fiscalías y las policías son el primer punto de contacto de todas las personas en la cotidianidad, y que una persona pueda tardar de 4 a 10 horas en denunciar un delito.
Comentó que la discusión de la justicia no se debe centrar en el Poder Judicial y la impunidad no solo se refiere a la ausencia de sanción sino a todas las actividades tendientes a resolver un asunto. Añadió que solo el 5 por ciento de los casos en materia penal son del ámbito federal y el 95 por ciento del ámbito local. “Debemos voltear a mirar a las fiscalías locales y a los poderes judiciales locales. Si bien una reforma de justicia es necesaria, se debe ver a las fiscalías”.
Se debe incluir a juristas con perfil especializado en materia indígena
Mónica Ferreyra García, abogada y litigante con especialidad en materia agraria, resaltó que se quiere un Poder Judicial que incluya juristas con perfil especializado en materia indígena, comunal y campesina. Solicitó el nombramiento de jueces indígenas, ya que la legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a los pueblos indígenas. “Pedimos elegir a juristas indígenas bajo el principio del pluralismo, con una perspectiva intercultural y con paridad de género”.
Hoy, agregó, pedimos la defensa de los territorios y recursos naturales, la impartición de justicia a las comunidades con visión de consulta previa para elegir ministros y jueces con perfiles juristas indígenas. “Vamos por una reforma integral a todo el Poder Judicial y a los órganos jurisdiccionales de México. Esta reforma constituye una extraordinaria oportunidad para tener magistrados alejados de dádivas y componendas. Vamos por la elección directa de magistrados agrarios, por el bien de los campesinos e indígenas”.
Asignar más presupuesto para juzgadores
La representante de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, Marlén Ángeles Tovar, subrayó que los juzgadores de carrera judicial sí quieren una reforma porque faltan más juzgados, tribunales, plantilla laboral y presupuesto, ya que el asignado es insuficiente. “Nos dan el 0.26 por ciento del PIB y a nivel mundial es entre el uno o dos por ciento; por eso, pedimos que revisen esta situación”.
Mencionó que los juzgadores de carrera siguen trabajando, no importa lo que les digan porque están comprometidos con la nación y quieren un cambio que mejore sus condiciones laborales. “Están dispuestos a colaborar, pero esto no significa sumisión porque son independientes y van a defender eso siempre. Se necesita una reforma de justicia a nivel de tribunales de los estados”.
Con información de la Cámara de Diputados
