Marissa Rivera.
La obsesión presidencial contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos llevará a un escenario muy riesgoso para la independencia judicial y con serias amenazas no solo para una justicia imparcial y sino para la división de poderes.
A pesar de ello, en Palacio hay felicidad porque saben que su reforma va.
Con un INE sumiso y condescendiente y un tribunal incompleto y con magistrados afines, la sobre representación legislativa de Morena y rémoras será un hecho.
Solo le bastará al Ejecutivo presionar a algunos senadores de oposición, para ver realizado su sueño: un Poder Judicial a modo.
El presidente se acostumbró a manipular la justicia en contubernio con Arturo Zaldívar para beneficio de sus caprichos, obstinaciones, intereses personales y de sus cercanos.
Pero se les acabó cuando Zaldívar Lelo de Larrea se quitó la máscara y renunció a la Corte para demostrar lo que realmente era: el peón más servicial del Poder Judicial.
Sabía que había mucha inconformidad contra él y se fue, pero no evitó que se destapara la cloaca.
El exministro fue acusado de falta de imparcialidad y abuso de funciones.
De acuerdo con la denuncia en su contra, ofrecía beneficios políticos y/o económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.
Si no cedían, ejercía la extorsión o amenazas, como cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
Esa red de complicidad, abuso y coacción que dejo Zaldívar podrían retomarla el propio poder ejecutivo, grupos de poder o los poderes fácticos.
Porque con la elección de ministros, magistrados y jueces, a través del voto popular, el sistema judicial será más vulnerable.
Y todavía más si trasciende la última ocurrencia presidencial de elegir candidatos por la vía de la tómbola.
Para los 9 ministros que establece la Reforma, el poder ejecutivo podrá postular hasta diez; el Senado hasta cinco; los diputados hasta cinco y la Corte hasta 10, siempre y cuando sean elegidos con por lo menos 6 votos (de los 11 ministros actuales).
Con un Congreso que tramposamente deje correr los tiempos sin elegir candidatos o una Corte dividida que no logre los seis votos, el único que podrá proponer candidatos de acuerdo con la convocatoria, será el Poder Ejecutivo.
¿Así o más a modo?
De qué servirá la carrera judicial de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito si serán elegidos por el voto popular.
En el 2025 se elegirán más de mil 600 cargos con al menos 10 mil candidatos. Un gasto equivalente a una elección presidencial en el que ni Guadalupe Taddei, presidenta del INE sabe de dónde saldrá el dinero para su realización.
Si, México necesita una reforma judicial, pero una reforma que mejore el sistema de justicia.
No que cobre venganza contra funcionarios que no cedieron a las presiones presidenciales.
El presidente se queja y exhibe los haberes de los ministros. Pero nadie sabe realmente cuanto gana él por su trabajo. Nadie sabe cuando se gasta en su seguridad, en su salud, en su alimentación, en vivir en un palacio, en sus viajes. La opacidad será uno de sus legados.
En seis años, el presidente nos enseñó que lo que no le gusta, no lo complace o le hace contrapeso, le estorba y lo elimina de tajo.
No le importa si es funcional o hay manera de mejorarlo. No, hay que desaparecerlo.
De nada sirven los foros donde se acumulan cientos de horas, miles de discursos, unos a favor, otros en contra. Unos con extraordinarias ponencias, otros con sobrada zalamería, si la reforma pasará como muchas otras en su administración, sin moverle una coma.
Durante su sexenio, el presidente jamás busco negociar con la oposición algo en beneficio de México. Nunca, su visión fue absolutista.
Menos lo hará, ahora que se va con el placer de haber desmantelado al Poder Judicial.
