Raúl Flores Martínez.
Algo que esta llamando la atención en los últimos días, es la falta de interés de las autoridades de la SEP para atender casos de abuso sexual y abuso laboral dentro de la Dirección Operativa de Educación Primaria #3.
Las víctimas en algunas ocasiones no quieren denunciar por el burocratismo vengador de algunos funcionarios de medio pelo de la SEP, que valiéndose del sindicato ejercen presión para inhibir las denuncias; cómo lo hacen, sencillo de dos maneras.
La primera es qué cambian a las denunciantes a escuelas que les quede al otro extremo de las escuelas donde laboran, por ley deben de estar cerca de sus hogares, les hacen la vida imposible hasta que renuncian.
La segunda y la más rentable, es congelar a esa profesora o administrativa que denuncia el acoso sexual, la congelan en una oficina aislada contestando solo teléfonos, frenándole todo crecimiento laboral y profesional.
No es un secreto que no exista un procedimiento claro y transparente para la contratación de maestros y trabajadores en la SEP. En los casos litigados ha resultado imposible determinar cómo, cuándo, bajo qué estándares y por autorización de quién los maestros y funcionarios acusados fueron contratados.
Los expedientes laborales son desiguales, incompletos y fragmentados. No existe una normatividad clara sobre cómo se contrata al personal escolar. La designación de plazas dentro de las escuelas es una caja negra al igual que la opacidad y discrecionalidad convierte la designación de plazas en una posible moneda de cambio.
En muchos casos las designaciones tienen que ver con intereses económicos, políticos o personales, pero dentro de un contexto de irregularidad sistemática y generalizada, la cooptación de puestos para la comisión de delitos se hace posible el contexto de corrupción en la contratación docente y administrativa deja a la escuela vulnerable a la infiltración por parte de delincuencia que utiliza su puesto para la comisión de delitos.
De acuerdo con el reporte “Es un Secreto La explotación sexual infantil en escuelas”, no existen vías independientes de denuncia; esto se exhibe cuando alumnos, padres de familia, maestras o funcionarias desean denunciar abuso dentro de la escuela, lo deben hacer ante la propia escuela o la propia SEP y aunque se establece en sus protocolos que toda denuncia de abuso sexual por parte de un funcionario escolar será investigada por la propia SEP.
Esto genera que las denuncias de acoso sexual, violación o acoso laboral tenga sus asegunes; es decir, son manipuladas para beneficio de un grupo de supervisores, directores, directores operativos y profesores que han acosado sexualmente y violado a menores de edad, profesoras y funcionarias.
Algo que debe de llamar la atención, es que a pesar de que todo funcionario público está obligado a dar a conocer ante la fiscalía cualquier posible delito cometido en contra de un niño o niña, la SEP no lo hace, de manera ilegal establece que será la propia institución quien investigue si existe un delito, para luego decidir si dará aviso a quien debe investigar sobre el delito, así los delitos cometidos dentro de las escuelas o aulas, jamás serán castigados.
