Héctor Saúl Téllez*.
La Reforma Judicial preparada por el presidente López Obrador y que respalda la presidenta virtual electa Claudia Sheinbaum no es otra cosa que una venganza, es un claro desquite en contra de un Poder al cual hasta hoy el presidente y el movimiento de la 4T no ha podido doblegar y controlar.
La reforma judicial propuesta es una necedad, es un claro retroceso para la justicia en nuestro país, la idea de elegir a los juzgadores por vía de elecciones populares es un error garrafal que sólo beneficiará a diversos poderes facticos presentes en nuestro país: los políticos, grupos empresariales, movimientos religiosos, medios de comunicación y lo más peligroso y dañino, el crimen organizado. Estos grupos son los que al final podrán promover y apoyar a los candidatos que les beneficien y aseguren sentencias favorables a sus intereses, perjudicando sin duda a la sociedad en general.
Morena y la 4T dicen, a través de sus múltiples pregoneros que el pasado 2 de junio el pueblo le otorgó la legitimidad para consolidar la reforma judicial, basado en la mayoría obtenida -aun cuando ésta sea un cúmulo de retrocesos en derechos humanos-, de manera arrogante gritan a los cuatro vientos que ¡va porque va!
Sin entrar en un mínimo de razón que les permita visualizar que lo que se propone vulnera irremediablemente a principios básicos de nuestra Constitución, como son el equilibrio y la autonomía entre los Poderes de la Unión, y los más grave, que siembra el resquebrajamiento de los pilares de la autonomía e independencia que deben tener los juzgadores en su función.
Al respecto, es necesario hacer algunas reflexiones: la legitimidad y el mandato del pueblo son conceptos políticos que se refieren a la autoridad, al poder que se otorga a un gobierno o a un partido político para gobernar y tomar decisiones en nombre del pueblo. Sin embargo, la legitimidad y el mandato del pueblo no necesariamente implican que dichas decisiones sean legales o justas.
El derecho por otro lado, es un sistema de normas y principios que busca proteger los derechos y libertades de las personas, garantizar la justicia y la igualdad. El derecho es un límite al poder del gobierno, su propósito es proteger a las personas de abusos de poder y garantizar que se respeten sus derechos y sus libertades.
En el caso de la reforma judicial que propone Morena es cierto que el partido político tiene la legitimidad y el mandato del pueblo para gobernar y tomar decisiones, sin embargo, la reforma judicial que promueven es lesiva y regresiva, viola derechos y libertades de las personas. En este caso el derecho y la justicia deben prevalecer sobre la legitimidad y el mandato del pueblo.
En otras palabras, aunque Morena tenga la legitimidad y el mandato del pueblo no tiene el derecho de implementar una reforma judicial lesiva y regresiva, el derecho y la justicia son límites al poder del gobierno, su propósito es proteger a las personas de abusos de poder y garantizar que se respeten sus derechos y libertades.
La justicia es un derecho fundamental que debe de ser protegido y garantizado por el Estado, no puede ser sometida a la voluntad de la mayoría y mucho menos a los intereses políticos de un movimiento o partido en el gobierno.
Es importante recordar que la democracia no es sólo la voluntad de la mayoría sino también el respeto a los derechos y libertades de las minorías, pero sobre todo el respeto y protección de los derechos humanos de todos.
Es necesario buscar otros mecanismos que garanticen una justicia accesible, pronta y expedita, que sean armónicos con los principios de independencia e imparcialidad del Poder Judicial; pero sobre todo fortalecer los sistemas de investigación y procuración de justicia a través de policías y fiscalías.
En conclusión, la Reforma Judicial propuesta por el presidente es un retroceso para la justicia en nuestro país y debe de ser rechazada de manera contundente. En cambio, la Reforma Judicial debería estar enfocada en soluciones que modernicen, transparenten, despoliticen y democraticen el acceso a los cargos dentro del Poder Judicial, pero una cosa es segura: la selección de juzgadores por la vía popular no es el camino adecuado, en esa vía hay más riesgos que bondades.
La sociedad mexicana debe alzar la voz, no podemos sucumbir ante una venganza y desquite personal del presidente en contra del Poder Judicial y lamentarnos en el futuro.
*Diputado Federal (PAN), LXV Legislatura.
