Alejandro Rodríguez Cortés*.
A Andrés Manuel López Obrador nunca le ha gustado la ley si ésta no le favorece a sí mismo. Desacató una orden judicial y perdió el fuero que tenía como jefe de gobierno de la capital. Le quiso dar la vuelta a la Constitución para echar atrás la reforma energética. Aseguró sin pudor alguno que su concepción de justicia está por encima de las normas legales. Por eso exclamó furioso: “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.
También por eso ha querido apoderarse del Poder Judicial de la Federación y de ahí la ofensiva presidencial en su contra, sobre todo después de que fracasó en su intento de que el lacayo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, permaneciera más tiempo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No podemos alegar que no se nos advirtió: el presidente reiteró que si el partido que formó y del que dispone con plenitud lograba mayoría suficiente para hacer cambios constitucionales, destruiría ese odiado tercer poder del Estado mexicano.
Más de 35 millones de votos -muchos de ellos comprados con dinero público- le dan hoy el pretexto para proceder con su avieso plan. Y la última línea de defensa son los propios moradores de una casa que está a punto de ser derruida.
Porque ante la derrota de la oposición, de los partidos políticos y de la ciudadanía que cree en los contrapesos que eviten un poder absoluto, hoy levantan la voz jueces, magistrados y ministros para evitar que el falso demócrata tabasqueño violente de nuevo la ley para lograr un control absoluto del otro bastión de los equilibrios: el Legislativo.
El camino es pasar por encima del precepto constitucional que prohíbe una sobrerreprresentación excesiva en el Congreso. Y la defensa es justamente evitar que Morena y aliados sean imbatibles y con ello se consume la destrucción institucional iniciada seis años antes.
Lo paradójico es que la suerte de nuestra democracia no está en manos de los miles de colaboradores, abogados, secretarios, actuarios, jueces, magistrados y ni siquiera de los supremos ministros de la Corte, sino de tan sólo 5 -sí, ¡cinco!- de sus colegas: los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Porque en ese pequeño pleno se interpretará la ley suprema, esa que desprecia AMLO, y decidirán si con poco más de la mitad de la votación popular el oficialismo merece tres cuartas partes de mayoría calificada para hacer y deshacer, más lo segundo que lo primero.
Cinco togados, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Janine Otálora, Reyes Rodríguez y Felipe Barrera, en cuyas manos está el destino mexicano. Media decena de moradores que votarán si destruyen o no la propia casa donde viven.
Por lo pronto, los colegas que también habitan esa morada ya se rebelaron y los conminan a la sobrevivencia, la propia y la de México.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz
