Por. Rubén Cortés
Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, México vuela con un ala. Y perderá la otra con la cancelación de la Corte Suprema, tal como se conoce hasta hoy. Pero, recordémoslo: no hay país que pueda sobreponerse a dos hecatombes de esa magnitud.
La revolución cubana se acabó con el fracaso económico de la Zafra de los 10 Millones en 1970: después se debió convertir en un satélite de la URSS. No hay país que pueda sobreponerse a la magnitud del fracaso de la Zafra de los 10 Millones.
El proyecto socialcristiano en Venezuela fracasó en 2003, cuando Chávez despidió a 17 mil 871 altos gerentes y técnicos de la paraestatal PDVSA. No hay país que pueda sobreponerse a la completa destrucción de su único motor económico.
Un mes antes de asumir el gobierno, el actual presidente hundió la economía (hasta al menos 2050) tras cancelar con una encuesta la construcción del aeropuerto de Texcoco, obra adelantada en un 30 por ciento y costeada por empresarios mexicanos.
El NAIM era esencial para atraer las cadenas de suministro globales en los próximos 30 años, en que la economía mundial trabajará para EU, el único país que crecerá demográficamente en ese tiempo, y al que le sobrará dinero para satisfacer sus demandas.
La visión pueblerina del presidente reventó a los mexicanos que para entonces serán cuarentones con familia: ellos no lo saben aún (y acaban de votar por su sucesora) pero lo van a saber. Ningún mexicano nacido ni por nacer escapará de saberlo.
Sí: lo sabrán tanto como lo saben los cubanos de hoy de la hecatombe de la Zafra de los 10 Millones de 1970; y los venezolanos de hoy de la hecatombe del despido de a 17 mil 871 altos gerentes y técnicos de la paraestatal PDVSA.
Desde la cancelación del NAIM, el crecimiento económico de México ha sido de 0.9 por ciento cada año; mientras que en los 10 años anteriores el crecimiento económico del país fue de 2.5 cada año. No hay país que pueda sobreponerse a eso.
El desastre se debe a que el país paga fortunas por cancelar el NAIM: 75 mil 223 millones de pesos por liquidación de contratos y recompra de bonos; mientras le faltan por pagar más de 80 mil millones de pesos a tenedores extranjeros de bonos.
El costo inicial de la cancelación fue de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo cual es ya de por sí un desastre. Pero a eso se suma la baja de la inversión privada de 19,1% a 17,9%, que es una cifra dramática y es fruto de la falta de confianza del sector privado.
Y la poca confianza que queda, se perderá con la reforma judicial.