Francisco Garfias.
Claudia Sheinbaum ha hecho oídos sordos a la demanda de los comisionados del INAI de llevar a cabo un “Plan D” de diálogo.
“No tenemos respuesta”, admitió ayer el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, cuando le preguntamos si la virtual presidenta electa había atendido el llamado al diálogo.
En una carta que le enviaron a la futura presidenta, el pasado 10 de junio, los comisionados piden los escuche exponer sus puntos de vista sobre la importancia de contar con instituciones autónomas en materia de transparencia y protección de datos personales.
¿El silencio de Claudia es una mala señal?
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En este espacio hemos reiterado que la opacidad en las cuentas públicas ha caracterizado al gobierno de AMLO.
Ocho de cada diez contratos se han otorgado por el gobierno de López Obrador han sido vía asignación directa.
Las obras de infraestructura prioritarias –Tren Maya, refinería de Dos Bocas, Corredor Interoceánico—fueron declaradas de seguridad nacional. No hay acceso a información sobre contratos, costos, comisiones, beneficiarios.
Súmele que el INAI forma parte de los órganos que AMLO ha querido desaparecer, con el alegato de que son caros y ”no sirven para nada.”
Alcalá revira: “Lo que tenemos que hacer es demostrar la utilidad de la información y que la protección de datos personales esté garantizada”.
Son muchas las cloacas que ha ayudado a destapar el INAI: La Estela de Luz, con Felipe Calderón; la Casa Blanca y Odebrecht, con Peña Nieto; Segalmex con AMLO.
Al INAI, por cierto, llegó el rumor que la próxima secretaria de la Función Pública será la ex diputada Esthela Damián, cercana a la futura presidenta.
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La encuesta exprés sobre reformas al poder judicial que hizo Morena es una verdadera vacilada. Una muestra de 3 mil 895 entrevistas efectivas –en un país de casi 130 millones de personas—con un resultado que sabíamos de antemano.
Realizada por Enkoll, De las Heras y Morena, la medición “nacional” dice que ocho de cada diez mexicanos están de acuerdo en llevar a cabo la reforma al poder judicial.
La mitad de los entrevistados dijo no saber que el tándem AMLO-Sheinbaum está proponiendo esa reforma.
La encuesta la mandó a hacer Morena para justificar el apoyo del “pueblo” a la decisión de reformar el Poder Judicial para, entre otras cosas, elegir “democráticamente” a ministros, magistrados y jueces.
Fue la propia Sheinbaum la que dio a conocer los resultados de la encuesta, en conferencia de prensa realizada en la casa de la transición.
La virtual presidenta electa considera que lo más relevante de la medición es que es mayor el porcentaje de personas que están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial (más del 80 por ciento), que el porcentaje de ciudadanos que votaron por ella (59 por ciento.)
Claudia adelantó también que dará a conocer su gabinete el próximo jueves y que hará una nueva gira con AMLO a Oaxaca y Veracruz, el próximo fin de semana.
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El presidente se calentó con el análisis técnico las 20 reformas que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que dice, entre otras cosas, que la multicitada reforma dejará a 1,655 ministros, magistraturas y judicaturas a merced del “poder avasallante de la política”.
El revire al análisis de ese instituto se produjo en la mañanera de ayer.
Dijo López Obrador:
“Los directivos en la UNAM, todos muy conservadores. Se derechizó la UNAM. Todo esto lo puedo decir porque como ya me quedan 100 días… Pero es cierto, o sea, se fueron apoderando de las escuelas”.
Y más adelante:
“Salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada, ¿no?, ya sé, son predecibles. Pero yo les diría: ¿qué se tienen que meter?”
Al caer la noche, la máxima casa de estudios sacó un comunicado en el que dice que el análisis técnico de las 20 reformas de AMLO que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no representa un posicionamiento de la UNAM, ni el sentir de su comunidad.
AMLO, por cierto, reconoció que la reforma al poder judicial y las elección de los juzgadores conllevan el riesgo de que se meta el crimen organizado.
Pero añadió:
“Cuando la delincuencia se dé cuenta de que no hay ninguna posibilidad de corromper a jueces, a ministros, a magistrados y a ministros, van a tener que aceptar las reglas, pero, de todas maneras, protección para que no aplique aquello de ‘plata o plomo’, eso se puede garantizar”, sintetizó el presidente.
FIN.
