Francisco Garfias.
Faltan poco más de tres días para que en México se realice proceso electoral más complicado en la historia reciente del país.
Casi 98 millones de mexicanos estamos convocados a las urnas el próximo domingo para elegir presidenta (e) de la República; 128 senadores; y 500 diputados federales.
Pero también más de 20 mil cargos locales:
Nueve gubernaturas (incluida la CDMX); 1,098 diputaciones locales; 1,802 presidencias municipales; 1,975 sindicaturas; 14,764 regidurías; y 431 cargos auxiliares. Son datos del INE.
La coyuntura es de alto riesgo, aunque el presidente lo niegue y asegure, como lo hizo en la mañanera de ayer, que las del próximo domingo serán unas elecciones ”libres, limpias y pacíficas.”
Nada más incierto. No se necesita un sesudo análisis para vaticinar que en algunas regiones habrá intervención del crimen organizado para presionar el voto por los candidatos con los que pactaron. Eso borra el pronóstico que serán libres.
Creo que nadie en México se atreve a afirmar que el aparato de estado no va a intervenir para favorecer a Claudia Sheinbaum. Que le pregunten a Marcelo Ebrard si no.
Pacíficas ya no fueron. La consultora Integralia, que dirige el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, tiene contabilizados, hasta el pasado 17 de mayo, 33 candidatos asesinados desde que arrancó el proceso electoral en septiembre del 2023.
No exageramos si decimos que lo que está en juego es el futuro del país: la destrucción de las instituciones o su permanencia; la división de poderes o seis años más de autocracia, mínimo.
Pero también la autonomía del Poder Judicial, la permanencia de órganos electorales independientes, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
La opacidad en la cuenta pública, las ofensas y acoso y amedrentamiento al que piensa diferente. El nulo respeto a las leyes y al estado de derecho; la falta de diálogo con una oposición que representa a millones de mexicanos…
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La votación se llevará a cabo en ese ambiente de polarización social, diseñado y promovido desde las mañaneras por el presidente López Obrador para dividir a los mexicanos entre buenos y malos, como apuntó ayer la senadora de PRI, Beatriz Paredes.
Dijo la ex gobernadora de Tlaxcala:
“Este es un asunto crucial de entender antes de esta elección. Aquí se dijo, y lo festejo que dentro de la ética política, la unidad es un elemento consustancial. Me parece que lo que ha marcado el perfil de esta administración es la incapacidad autocrítica”.
En una atinada intervención en la tribuna de la Comisión Permanente, agregó:
“Si hubiese la mínima capacidad autocrítica, seguramente se hubiese rectificado con oportunidad la equívoca decisión de concentrar la compra de medicamentos y habría medicamentos…
“Si hubiese capacidad de autocrítica se hubiese reconocido que la estrategia de seguridad nos está llevando a un abismo.”
El verdadero tema que debió haberse discutido en esta campaña: cómo logramos que México y sus instituciones no se conviertan en un estado fallido, puntualizó Paredes.
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En el patio del Federalismo hay un cartel que lleva la cuenta del tiempo que el INAI tiene sin los nombramientos de los tres comisionados que le faltan ese instituto: 425 días.
En este espacio dábamos cuenta ayer del plazo de 10 días hábiles que la SCJN le dio al Senado para que informe sobre los actos generados para el nombramiento de los relevos de Francisco Javier Acuña y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, que siguen sin ser reemplazados.
La Corte emitió un “Acuerdo de Notificación” en el que determina que la Cámara de Senadores “se encuentra en abierto incumplimieto de la resolución dictada en el presente asunto.”
El plazo que se le otorgó para tal efecto concluyó el 15 de diciembre del 2023, sin que a la fecha se hayan realizado los nombramientos, dice el alto tribunal.
La senadora de Morena, Ana Lillia Rivera, presidenta de la mesa directiva de Senado, acusó a la Corte de “amedrentar” a ese órgano legislativo.
Dijo en rueda de prensa:
“La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Norma Piña) está, en momentos previos a una elección, asumiendo una posición de amedrentamieto al Senado de la Republica”.
Acusó un uso “político y faccioso” en contra de 128 senadores que representan a todos los grupos parlamentarios y aseguró que se hacen los trámites correspondientes para lograr los consensos que se requieren.
Pero aclaró:
“Por ahora no es posible la conclusión de los mismos, porque estamos en un momento donde política y jurídicamente no se ha logrado el consenso para una mayoría calificada que puede llevar un dictamen al pleno, donde la idoneidad de estos personajes haya sido aprobada y votada para estos nombramientos”.
Pero el tema no es de hoy, ni de hace un mes. Ni siquiera de hace un año. Son 425 días que el pleno del INAI está incompleto por instrucciones de YSQ.
FIN.
