Daniel Serrano Palacios.
No se puede negar la responsabilidad de los gobiernos municipales en los temas de seguridad pública. Si bien es necesario el apoyo pero aún más la coordinación con los otros niveles de gobierno, la autoridad más próxima a los gobernados debe asumir su papel e impulsar políticas claras para garantizar la tranquilidad de la población.
Cuautitlán Izcalli, uno de los municipios más importantes del Estado de México tanto por su densidad poblacional como por sus corredores industriales y sus reservas hídricas, ha padecido en los últimos años graves retrocesos en la incidencia delictiva, lo que se ha reflejado en que los izcallenses se sientan más inseguros que antes.
El gobierno municipal en funciones parece hacer caso omiso a los últimos datos de percepción de seguridad ciudadana: la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana claramente marca que más del 70 por ciento de la población local siente que es inseguro vivir en Cuautitlán Izcalli, una cifra de escándalo.
Pero vayamos a más datos: el 93 por ciento de la población siente inseguridad en el transporte público y un 85 por ciento lo percibe así al acudir a un cajero automático en la vía pública. Estos indicadores específicos son de los más altos a nivel nacional.
Siguiendo con los datos de dicha encuesta del INEGI, casi el 70 por ciento de los habitantes de Izcalli no piensan que la situación mejorará, lo que se explica porque más de la mitad de los pobladores han escuchado o incluso han sido testigos de situaciones de robo y asaltos en su entorno.
Dado el bajo índice de aprobación a la policía municipal, menos del 40 por ciento, que se reduce hasta 25 por ciento si se habla en general de la autoridad municipal, el proyecto que encabezo para ser alcalde a partir de este año contiene propuestas muy concretas, realizables y medibles en este sentido. Nuestro objetivo no es solo cambiar la percepción sino reducir efectivamente en un 25 por ciento la incidencia delictiva de la localidad. Alcanzaremos también un estándar mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes.
Operar una policía de proximidad, con personal capacitado y con conocimiento del municipio, con una clara diferenciación entre las diversas atribuciones en materia de prevención y combate directo al delito. Además, incluir acciones con perspectiva de género, como la conformación de Redes de Mujeres Protegidas.
Asimismo, a nivel operativo, cambiar el mapeo de las calles de Cuautitlán Izcalli de sectores a cuadrantes, que hagan mucho más eficaz y rápida la respuesta a llamados de auxilio de la población, apoyados en tecnología de punta.
En adición, recuperar espacios públicos perdidos donde actualmente prolifera la delincuencia, sin luminarias funcionales y alejados de sus objetivos recreativos y culturales; en una lógica de construcción de la paz y recuperación del tejido social.
También es muy importante comunicar las políticas aplicadas y las recomendaciones de seguridad ciudadana: actualmente siete de cada diez izcallenses desconoce cómo proceden sus autoridades en la implementación de actividades o programas para prevenir la violencia y la delincuencia.
