Fernando Moctezuma Ojeda.
La violencia electoral en México ha sido un tema recurrente en los procesos electorales del país, y el actual proceso electoral de 2024 no es la excepción. La violencia electoral no solo se limita a los ataques físicos contra candidatos y líderes políticos, sino que también incluye amenazas, atentados y asesinatos. Estos hechos no solo afectan a los involucrados directamente, sino que también tienen un impacto significativo en la confianza en el sistema democrático y en la participación ciudadana en el proceso electoral.
La violencia electoral en México tiene raíces profundas y se ha convertido en un fenómeno sistemático y normalizado en muchos contextos. Según datos del Laboratorio Electoral, en el proceso electoral 2023-2024, ya se han contabilizado 30 aspirantes asesinados, 77 amenazados y 11 secuestros. Esto no es nuevo; en el proceso electoral de 2018, hubo 24 asesinatos, y en 2021, al menos 30 contendientes fueron asesinados.
La violencia electoral se ha normalizado en contextos atravesados por otros tipos de violencia, como la guerra contra el narco. Las líneas entre la violencia electoral y la violencia criminal se han vuelto difusas, y los ataques se han convertido en algo común en los ámbitos locales. Esto no solo afecta a los actores políticos, sino que también a la sociedad en general, ya que la violencia electoral puede generar una cultura de miedo y temor, lo que puede disuadir a la gente de participar en el proceso electoral.
La impunidad también es un problema grave en este contexto. En 2021, no hubo detenidos en más de la mitad de los casos analizados en el proceso electoral. Esto no solo viola los derechos humanos básicos, sino que también refuerza la cultura de impunidad y la violencia.
La violencia electoral no solo es un problema interno, sino que también tiene implicaciones internacionales. México es un país que ha sido objeto de críticas por su registro de violencia y corrupción, y la violencia electoral puede afectar negativamente la imagen del país en el mundo.
En este contexto, es fundamental que se tomen medidas para abordar la violencia electoral de manera efectiva. Esto incluye mejorar la seguridad para los candidatos y líderes políticos, aumentar la transparencia en el proceso electoral y fortalecer los mecanismos de justicia para que los responsables de la violencia sean sancionados.
Además, es importante que se promuevan políticas que fomenten la participación ciudadana y la confianza en el sistema democrático. Esto puede incluir la implementación de medidas para proteger a los ciudadanos que participan en el proceso electoral, como la votación en secreto y la protección de la privacidad de los votantes.
APUNTES CLAVE:
ATENTADO: Precisamente en este contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha iniciado una investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con arma de fuego en contra de Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc. Rojo de la Vega denunció haber sido víctima de un atentado en la colonia Peralvillo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana colabora con la Fiscalía en la integración de la carpeta de investigación. Tanto la candidata como otros políticos condenaron el atentado y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva. //DEBATE PUEBLA: En el debate para la gubernatura de Puebla, el candidato Alejandro Armenta destacó sus propuestas en seguridad, desarrollo económico y social, así como en temas de sociedad. Propuso la creación de la Universidad de las Fuerzas Policiales y la Agencia Anticorrupción, además de iniciativas para impulsar la economía y el bienestar social en la entidad. Destacó la importancia de proyectos como el Tren Interoceánico y el Valle de la Tecnología y la Sostenibilidad. Armenta también resaltó su compromiso con la equidad de género, proponiendo la creación del Banco de la Mujer y los Centros de Justicia para las Mujeres. Su mensaje final hizo énfasis en trabajar por la seguridad, los ingresos, y en respetar los derechos de todos los ciudadanos. //BUSCADORAS: Cientas –no “cientos”– de mujeres vestidas de blanco, pertenecientes a más de 250 colectivas de madres buscadoras, marcharon por todo el país este 10 de Mayo, exigiendo justicia y la localización de sus seres queridos desaparecidos. Con pancartas y fichas de búsqueda, la marcha denominada “Buscando nos encontramos” recorrió Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino. Las madres demandaron al gobierno federal recursos y seguridad para continuar con sus búsquedas, así como la no criminalización de su labor. La jornada culminó con una misa en honor a todas las madres buscadoras en la Basílica de Guadalupe.
