En el marco de la Marcha Nacional de Madres Buscadoras, Amnistía Internacional México reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen a las miles de familias de personas desaparecidas su derecho a investigaciones efectivas, a recibir y difundir información, así como su derecho a la búsqueda, que se ve afectado por diversas violencias, como amenazas, ataques, extorsión, desaparición, asesinato y desplazamiento forzado.
“Es intolerable que al dolor por la desaparición de un familiar se sumen esas violencias terribles que han costado la vida a más de una decena de personas buscadoras. Por eso, desde Amnistía Internacional recordamos la obligación que tienen los tres niveles de gobierno de brindar el apoyo necesario y la protección a las familias de personas desaparecidas en su labor de búsqueda. Tal y como lo establecen diversos instrumentos internacionales, declaró Edith Olivares Ferreto”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Desde Amnistía Internacional expresamos nuestra solidaridad con las miles de familias que han tenido que cambiar su forma de vida para buscar a sus seres queridos. Muchas de ellas llevan lustros o décadas en la búsqueda . Por ello urgimos a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las familias accedan a la verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición”, precisó.
AI detalló que la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que las familias de las personas desaparecidas tienen derecho a la verdad, a investigaciones efectivas, así como a buscar, recibir y difundir información, entre otros derechos. Aunado a ello, las familias deben disfrutar sus derechos económicos, sociales, de salud, de seguridad y a la vida.
“El Estado no puede seguir siendo omiso ante las afectaciones que sufren las familias que buscan a sus familiares. Muchas de ellas presentan afectaciones a su salud, han perdido sus empleos y por ende sus ingresos económicos. Por ello, desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a todas las autoridades a garantizar todos los derechos de las familias de personas desaparecidas y a tener una política de apertura para con ellas, y que cumplan con su deber de prevenir e investigar las desapariciones”, concluyó Olivares Ferreto.
De acuerdo con los datos de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 9 de mayo de 2024 el número de personas desaparecidas en México asciende a 116, 303 personas.
Sin embargo, la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que presentó el gobierno federal el 14 de diciembre de 2023, ha reducido notablemente la cifra de personas desaparecidas, que se conoce de manera oficial a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, Amnistía puntualizó dicha estrategia no se consultó ni se coordinó con las colectivas de búsqueda del país por lo que organizaciones de derechos humanos que las acompañan cuestionaron la metodología utilizada en esa estrategia, desde el censo utilizado y que no deja en claro el universo de población consultado, así como los instrumentos utilizados en la investigación.
“Casi 80,000 personas consideradas como desaparecidas en agosto de 2023 fueron clasificadas de forma ambigua en la actualización de diciembre de 2023”, agregó.
Finalmente, Amnistía Internacional urgió a las autoridades mexicanas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición en México, entre otras cosas garantizando en todo momento la transparencia y la participación de los familiares de las personas desaparecidas.
