Por. Rubén Cortés
Al llegar al poder, este gobierno encontró encarcelados a 157 participantes en el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero, enseguida, fueron liberados 120, entre ellos El Gil, exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, a quien convirtieron en testigo protegido.
Sin embargo, cinco años después, el presidente acaba de ordenar que recapturen a 80 de los liberados, porque siempre sí participaron en la desaparición de los normalistas. También buscan a El Gil, el testigo estrella, quien se les perdió de vista el pasado cinco de abril.
Liberarlos para, ahora, querer capturarlos, demuestra el uso y abuso dado por el grupo político que está en el poder, al caso de los normalistas. Incluso, durante la campaña presidencial dijeron que “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. Y todos sabían que estaban muertos.
Sí, porque la investigación del actual gobierno concluyó lo mismo que la del anterior: que los 43 fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan, por el Cártel Guerreros Unidos, al confundirlos como miembros del cártel Los Rojos.
Sin embargo, desde el día siguiente del crimen (como oposición política que era entonces) la cúpula del actual gobierno montó una exitosísima campaña para hacer creer que los 43 normalistas estaban vivos, y todo se trataba de una conspiración criminal de la administración de Peña.
El propio actual presidente, Alejandro Encinas, el abogado Omar Trejo, la mayoría de los padres de las víctimas, clavaron el caso como “crimen de Estado” al entonces gobierno federal, aunque el crimen ocurrió en un municipio y un estado gobernados por gente de su grupo político.
No olvidemos que los 43 fueron desaparecidos por orden del alcalde del ala del PRD que se convirtió en Morena (José Luis Abarca), porque sabotearían un acto en el que su esposa (María de los Ángeles Pineda) presentaría su candidatura para sucederlo.
Morena debió quitar a su candidato al gobierno de Guerrero (Lázaro Mazón) para “no vulnerar al partido”, por su relación con Abarca. Mazón era el recolector de firmas para la consulta popular con la que Morena buscó tirar la reforma energética de Peña.
Pero, a una década del asesinato de los jóvenes y tras seis años de ejercicio del actual gobierno, el Caso Iguala se convirtió en tristemente célebre ejemplo de la ineficacia del actual gobierno, al extremo de que no puede encontrar a El Gil, su testigo estrella, porque burló todos sus filtros.
Desde el pasado cinco de abril, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX no encuentra al sicario en el domicilio que había registrado para su localización. Ahora es uno de los 80 delincuentes que el presidente mandó recapturar.
Total, que siempre mintieron.
Siempre.
