México.- Con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa.
La adición señala que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones:
Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.
El dictamen explica que en el Sistema Jurídico Penal Mexicano existe la figura del testigo protegido y testigo colaborador, con otros beneficios diversos a la amnistía que se propone, pero su finalidad es que con los medios probatorios que aporten se conozca la verdad de los hechos.
Argumenta que el objetivo final de esta modificación a la Ley de Amnistía es que se esclarezcan los hechos, que se proteja a los inocentes, que se evite la impunidad de los culpables y se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familias.
Hace mención que actualmente existe una deuda pendiente para garantizar el derecho a la verdad en varios casos que resultan especialmente relevantes para la sociedad mexicana, como lo son Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán y Atenco.
Por ello, agrega, resulta prioritario contar con mecanismos que hagan efectivo el derecho a la verdad, de manera que los responsables rindan cuentas por sus acciones ante la ley y la sociedad, se reparen de manera integral los daños sufridos por las víctimas y se adopten medidas efectivas para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro y una forma de conseguirlo es desde la amnistía a personajes clave para conocer la verdad histórica y jurídica.
Con el contenido de la adición al artículo 9 de la Ley de Amnistía, se crea otro tipo de amnistía diversa a la ya regulada en la propia ley, siendo su motivación por razones de transición política y reconciliación nacional, para el esclarecimiento de los hechos y reparaciones proporcionales a las víctimas, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.
Se garantiza claramente un derecho a la verdad respecto a asuntos de interés y de justicia para el Estado mexicano, sabiendo que hay asuntos delicados que permanecen abiertos y que requieren de recursos extraordinarios para su subsanación, puntualiza.
Además, se plantea la posibilidad de llegar a conocer cómo ocurrieron ciertos hechos, de que se esclarezcan y como consecuencia estar en aptitud de garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la garantía de no repetición de los actos y a que los hechos no queden impunes.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, precisó que se presentaron diversas propuestas de modificación al proemio, metodología, contenido y objeto de la minuta, consideraciones, texto normativo del dictamen, al artículo noveno y transitorios primero y segundo, así como a la leyenda “Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2024”.
Garantizar el derecho a la verdad
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada (Morena) expresó que el objetivo es garantizar el derecho a la verdad y que las víctimas directas e indirectas puedan conocer los hechos por los que fueron afectadas.
Relató que se busca que las familias conozcan la verdad, se rompa ese pacto y terminar con la tradición de corrupción y tortura para crear narrativas falsas que ustedes llamaron verdades históricas. El propósito es alcanzar el modelo de justicia transicional, es decir establecer una seria de mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de hechos.
Se pretende, relató, que sea el titular del Ejecutivo Federal quien pueda otorgar el beneficio de amnistía a quienes proporcionen elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos relevantes para el Estado mexicano.
Añadió que la violencia tiene origen en la desigualdad, en donde las personas, sobre todo jóvenes, son reclutados de manera forzada, muchas veces con violencia. “Una persona reclutada por el crimen organizado podría aportar información importante para conocer la verdad de hechos graves y conforme a esta ley puedan tener el beneficio de la amnistía y ayudar a encontrar la verdad”.
La amnistía solo podrá ejercerse en casos específicos
El diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) señaló que la reforma establece de manera clara y contundente que la amnistía solo podrá ejercerse en los casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y comprobable. Recalcó que la modificación en sus términos refleja un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades a saber qué pasó.
El derecho a saber, agregó, es también un derecho colectivo que busca evitar que se repitan las historias de opresión. Externó su convicción de que abrirle la puerta a la amnistía puede abonar al proceso que saldaría la deuda histórica que tiene el Estado con sus víctimas. Reconoció que la amnistía no es la llave maestra para romper el pacto de silencio, pero representa una esperanza genuina de conocer qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y miles de víctimas más.
Pongamos límite a la facultad de amnistía
Del PAN, el diputado Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez afirmó que la reforma es inadmisible porque se rompe la división de poderes, al dar facultad al Presidente de pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. “Este es un ingrediente más de la receta con la que quieren destruir la República”.
Puntualizó que no es una reforma aislada, porque está acompañada de las reformas a la Ley de Amparo y de las que someten a la Corte y a los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral. Planteó limitar la facultad en el tiempo, “pongamos un límite para que la facultad de amnistía dure un año, siete o 10 años, pero no le dejemos las llaves de la cárcel eternamente a todos los presidentes del futuro”.
Reforma indignante; generará impunidad
María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del PRI, resaltó que esta es una “reforma indignante” porque se pretende otorgar al presidente de la República la facultad para liberar a las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal o que, incluso, ya están en la cárcel. “Se dice que se trata de liberar a inocentes y garantizar los derechos humanos, pero lo que se quiere hacer es facultar al Presidente para generar impunidad”.
Esta modificación, añadió, atenta contra el dolor de las familias que claman justicia por haber sufrido algún acto o pérdida por la delincuencia. Anunció su voto en contra de la adición arbitraria a la Ley de Amnistía porque generará más injusticia, corrupción, impunidad, ilegalidad, fuego, sangre, dolor y muerte.
Se garantiza la obtención de datos relevantes
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) se manifestó a favor, porque deja claro que la amnistía será aplicable únicamente para quien reúna los dos supuestos enlistados en las fracciones primera y segunda del artículo 9, es decir proporcionar información comprobable para conocer la verdad de los hechos relevantes para el Estado, lo que garantiza la colaboración y obtención de datos para resolver casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Dijo que el gobierno está comprometido a lograr una verdadera justicia social, dado que el Estado todavía tiene una deuda pendiente para garantizar el derecho a la verdad y acceso a la justicia de las víctimas, por lo que “se considera oportuno el establecimiento de la amnistía directa como una herramienta que coadyuve a la garantía de estos derechos”.
Esclarecimiento de casos relevantes
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya negó que la reforma sea para empoderar al Ejecutivo Federal y una concentración del poder, así como que se convertirá en un ser omnímodo y que vulnera las atribuciones del Congreso. El objetivo, dijo, es abrir una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Es una facultad única y exclusivamente para casos relevantes del Estado, los cuales revisten una importancia social, política e histórica.
Añadió que todos los delitos, sean del fuero común o federal, agravian como sociedad y deben ser perseguidos y castigados, pero es claro que la reforma se encamina a delitos de trascendencia social y no hay intención de vulnerar el derecho de la reparación del daño; por el contrario, lo que se quiere es que sea un mecanismo que facilite el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia
La reforma destruye al país
La diputada María Fernanda Félix Fregoso (MC) dijo que la posición de la bancada naranja es no apoyar una reforma que vulnera derechos, destruye al país y violenta la figura de la amnistía. “Otra vez las cárceles se llenarán de pobres a quienes no les alcanza para pagar su boleto dorado llamado amnistía directa”.
De todas las reformas que se han votado, puntualizó, sin duda esta es la peor, ya que preocupa que por dedazo y sin ningún procedimiento el Presidente pueda elegir a quién sacar de la cárcel, y esto incluye a narcos, violadores, feminicidas, secuestradores o cualquiera que haya cometido un delito grave.
No dará garantía a las víctimas
Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD, comentó que la amnistía es un instrumento por el cual se elimina la responsabilidad del delito, la cual debe aplicarse bajo condiciones específicas y no a discrecionalidad de un individuo. Indicó que la amnistía como potestad presidencial hará que el Ejecutivo defienda a quienes son sus “consentidos y cómplices”.
Anunció su voto en contra de la reforma, al estimar que no le dará garantía a las víctimas; al contrario, a aquel secuestrador lo va a tener que perdonar el Presidente. Mencionó que se dice que la modificación ayudará a esclarecer el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; sin embargo, “esto no será así”.
Intervenciones a favor y en contra
El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) se pronunció en contra, toda vez que la reforma es claramente inconstitucional y carece de cualquier elemento de técnica jurídica, ya que confunde el concepto de amnistía con el de indulto, por lo que favorece a quien es procesado o se le ha declarado sentencia condenatoria. Se concede al Ejecutivo el poder de perdonar a cualquiera que a su propio parecer sea de interés del Estado, lo cual vulnera la división de Poderes.
Al manifestarse a favor, la diputada de Morena, Olimpia Tamara Girón Hernández refirió que esta reforma busca dar respuesta a la ciudadanía de los hechos relevantes que han quedado sin aclararse. Asimismo, garantiza el derecho a conocer y se contribuye a la adecuada impartición de la justicia, pues extingue las acciones penales y las sanciones impuestas.
Por el PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz expresó que la propuesta resulta regresiva y contraria al sentido de la justicia, al trastocar el sentido y los principios que motivaron a este ordenamiento, el cual busca atender a las personas en vulnerabilidad. De igual manera, agregó, consolida la demolición definitiva de los contrapesos democráticos y genera una Presidencia sin límites.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, indicó que la amnistía no es un tema nuevo para el Poder Legislativo, y con la adicción solamente se busca acortar el procedimiento en ciertos casos. “No será una figura que se use a diestra y siniestra; busca un procedimiento diferente y nuevo, ya que se tiene derecho a la verdad. Es una demanda social y de justicia”.
Por MC, la diputada Amalia Dolores García Medina comentó que la figura de amnistía, en los países donde se ha implementado, ha sido para promover la reconciliación en conflictos armados o por una represión política. “Lo que se presenta genera extrañeza; ya hay mecanismos para obtener información, como es la figura de testigos; se debe garantizar la verdad no sólo con una Ley de Amnistía, sino con una cultura de contrapesos”.
La diputada María del Rosario Reyes Silva (Morena) afirmó que la amnistía no es lo mismo que el indulto, pues la amnistía busca restablecer el orden, la armonía y asegurar el respeto al marco jurídico. “Es buscar justicia y reparar el daño; no se trata de favorecer con el perdón a los criminales ni es un boleto de impunidad para los delincuentes”.
La diputada del PRD, Iliana Guadalupe Rodríguez Osuna, consideró que el Ejecutivo tendrá la facultad de discriminar y elegir a su voluntad el evitar que se lleve un juicio conforme a derecho y eliminaría un proceso que incluiría los medios de toda persona que tiene para hace valer sus derechos. “La verdadera intención de este dictamen es perdonar e indultar a los criminales”.
Del PVEM, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán aseguró que el dictamen atiende el reclamo de las víctimas al dar facultades al Ejecutivo para otorgar de manera directa la amnistía a personas que son procesadas, sentenciadas o con acción penal en su contra por cualquier delito y aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad de hechos relevantes del Estado; es decir, garantiza el derecho a conocer la verdad.
Con información de la Cámara de Diputados
