Francisco Garfias.
Hace más de tres décadas que empecé a cubrir las activades del Congreso. Unos años en la Cámara de Diputados, otros en el Senado. He visto de todo.
Traiciones, golpes, tomas de tribuna por días, durísimas reacciones por aumentos al IVA, chapulineo, jinetes a caballo, toma del salón de sesiones, guerrilleros del EZLN en tribuna, encuerados vs Yunes, boicot a la toma de protesta como presidente de Felipe Calderón, cancelación del sexto Informe de Fox…
No tengo memoria, sin embargo, de que a un dictamen que se aprobó en comisiones haya sufrido ajustes mayores en la madrugada antes de llevarlo al pleno para su discusión y aprobación, en su caso.
Ocurrió ayer en San Lázaro con el “Decreto Mier” –así vamos a llamarle—que autoriza al gobierno confiscar los ahorros de los trabajadores de más de 70 años que no hayan reclamado su dinero y que suman, según cálculos del Ejecutivo, 40 mil millones de pesos.
Los recursos serían transladados de las afores a un fondo público de Pensiones para el Bienestar.
El decreto es presentado tramposamente como un instrumento para que los trabajadores y las trabajadoras puedan jubilarse con el 100 % de su salario promedio de cotización, hasta un máximo del salario mensual promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Allí está la trampa. Si usted gana 20 mil pesos no se podrá jubilar con el 100 por ciento de su salario. El sueldo base registrado ante el Seguro Social es 16 mil 777 pesos.
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El ajuste al dictamen fue denunciado en tribuna por la diputada del PAN, Carmen Rocío González Alonso, una de las primeras oradoras.
Dijo: “El dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad! Son ustedes unos tramposos. Tomar para sí lo ajeno del modo que sea, eso se llama robar”, remató.
El escándalo creció. Otro panista, Elías Lixa, pidió que se realicen las investigaciones que resulten para confirmar si se trata de un dictamen modificado.
“Que se realice una investigación puntual si fuera el caso de que existan diferencias, para que se deslinden responsabilidades y si alguien tramposamente modificó el dictamen en el tránsito, tenga consecuencias”, dijo.
Ignacio Mier, jefe de la bancada morenista en San Lázaro, vio como crecía la inconformidad y actuó con prudencia. Pidió una reunión de coordinadores parlamentarios “para evitar una discusión que puede aún más levantar el calor y la pasión.”
Y se fueron a receso.
En la reunión de coordinadores se acordó clausurar la sesión. Hoy se reúne la Comisión de Desarrollo Social y el lunes regresa al dictamen al pleno.
Mier, por cierto, reconoció que hubo cambios al dictamen. “Fue un error”, dijo. ¿De quién? Le preguntaron. “Del secretario técnico de la comisión”, respondió.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, otorgó el beneficio de la duda a los diputados del oficialismo.
”Si hubiéramos visto mala fe lo hubiésemos dicho. Estamos en contra de esa iniciativa porque se quieren llevar el dinero de las cuentas, pero no se ve la mala fe”, declaró a los reporteros.
Jorge Romero, jefe de la bancada del PAN, no fue tan generoso con los morenos. Los “ajustes”, dijo, incluyen un “detallito”. Ya no sólo se trata de las cuentas inactivas de los mayores de 70 años, sino también las activas. “Todas”, subrayó.
Romero habló de un “duende parlamentario” que cambió la redacción entre lo que se votó y lo que pretendían que se votara en el pleno.
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El martes vimos en televisión una escena estúpidamente violenta: el ex gobernador de tamaulipas, Eugenio Hernández, candidato del Verde al Senado, partía una Cabeza de Vaca de un hachazo.
24 horas después, el Tribunal Federal Electoral (TEPJF) le quitó la candidatura a diputado federal a Francisco García Cabeza de Vaca, también ex gobernador tamaulipeco, por tener dos órdenes de aprehensión: lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita.
Hablamos ayer con Eddie Varon Levy, uno de los abogados de Cabeza de Vaca. De entrada acusó a Mario Delgado, presidente de Morena, de haber presionado a los comisionados del Tribunal para despojar al panista de su candidatura.
Luego se preguntó: ¿Qué van a hacer con Eugenio Hernández que es extraditable?
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Lo anticipamos. Si AMLO no pudo intimidar a Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, menos Arturo Zaldívar, quien asegura que el máximo tribunal no tiene facutades para investigarlo como ministro.
La SCJN y el Consejo de la Judicatura sacaron un comunicado en el que manifiestan que, a partir de la reforma al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, quedó establecido:
“Si en las denuncias se señalan circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones.”
FIN.
