Rubén Cortés.

Los 40 mil millones de pesos de las afores de los adultos mayores, 350 mil millones del Fondo de Estabilización Presupuestal, 68 mil 400 millones de 109 fideicomisos cancelados, 15 mil millones del fideicomiso de la Corte, 280 mil millones de las escuelas de tiempo completo…

Como robo al descampado, parte de ese dinero ha quitado este gobierno al contribuyente mexicano. Y otra parte se perdió en la corrupción que no sólo no eliminó, sino que avivó con mexicana alegría. Todo ese dineral atracado para acabar regalando 11 mil pesos en sus programas de coacción del voto.

Así es: sólo 11 mil pesos es lo que les toca (a quienes los reciben) de los programas de coacción del voto, según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares del INEGI, en la cual las familias reportaron recibir 11 mil pesos en transferencias del gobierno, en modalidad de “becas” y “apoyos”.

De esos miles de millones de pesos (robados o desfalcados), más los provenientes del manejo de una economía nacional de 1.5 billones de dólares anuales, llegan sólo 11 mil pesos a quienes los reciben. Y se les van en comprar y pagar lo que el gobierno les quitó… para poder darles esos 11 mil pesos por su voto.

¿Qué les quitó este gobierno a los mexicanos, y que para recuperarlo tienen que pagarlo con esos mismos 11 mil pesos?:

–Estancias infantiles

–Refugios para mujeres

–Escuelas de tiempo completo

–Comedores comunitarios

–Seguro popular

–Fondo para enfermedades catastróficas

–Medicinas para niños con cáncer

Total, y este gobierno tiene menos programas sociales que el anterior: en 2018 había 150 programas sociales federales, y hoy hay 146. La verdad es que este gobierno quitó los programas con los que el Estado ofrecía formalmente ayuda y servicios a grupos vulnerables, para regalar dinero en mano.

De ahí que la gran exigencia que tiene que hacer la oposición, día con día hasta conseguirlo, es que el INE informe de manera categórica que los programas sociales no son nuevos y son constitucionales desde hace muchos años, y que los gobiernos anteriores no podían decirlo, porque se consideraba delito electoral.

Pero hay más: el presidente puede usar como le dé la gana el dinero de nuestros impuestos, porque el Poder Legislativo le aprobó la Ley de Austeridad, que le permite tener una partida secreta legal y disponer del dinero de las arcas nacionales y lo que dejen de gastar las secretarías; eso que llaman “subejercicios”.

Con seguir haciendo lo anterior, es con lo que cuenta Claudia Sheinbaum para prometer que, si votan por ella, se podrá vivir sin trabajar. Lo que olvidan, quienes le creen, es que el dinero que había…

Se lo acabaron.

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