México.- A fin de enfatizar en la urgente necesidad de crear un instrumento jurídico que permita declarar regiones estratégicas del país como reserva hídrica de seguridad nacional, la diputada María Cristina Vargas Osnaya (Morena) suscribió una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En un comunicado, aseveró, que la propuesta responde al preocupante problema del agua: origen, uso, destino, potabilidad, reutilización y su cuidado.
El calentamiento global, la paz, la desigualdad, la destrucción de ecosistemas, crisis hambrunas y de agua son sólo algunos de los flagelos atribuidos a los seres humanos que afectan a todo tipo de vida.
Vargas Osnaya detalló que datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas respecto a los desafíos de la problemática mundial del agua, ilustran que mil 200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; sólo en 2022, 3 mil 500 millones de personas todavía carecían de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, incluidos 419 millones que practicaban la defecación al aire libre.
En ese tenor, el agua es un recurso indispensable y crucial para sostener la vida, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Sin embargo, su naturaleza finita y su vulnerabilidad al agotamiento plantean desafíos importantes para la seguridad nacional.
Puesto que “resulta evidente que, el rápido crecimiento demográfico, el cambio climático y las prácticas insostenibles de gestión del agua han exacerbado el estrés hídrico, amenazando la disponibilidad y calidad de los recursos de agua dulce”.
La propuesta de reforma implica que la Constitución Política reconocerá a las reservas de agua, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y los ecosistemas terrestres y acuáticos, como parte integral de la seguridad nacional, ya sean áreas naturales protegidas de nivel federal o estatal, o no.
Al Estado se confiará la responsabilidad de salvaguardar las reservas hídricas, incluida la conservación, gestión y asignación equitativa, incluyendo la regulación de la tenencia de la tierra, buscando preservar los derechos de bienes particulares, ejidales o públicos al mismo tiempo; así como el interés común, que representa el cuidado de una zona estratégica para la vida.
La presente reforma y su respectiva reglamentación tienen la finalidad también de facilitar la cooperación en todos los niveles de gobierno y entre poderes, tratando de coordinar los esfuerzos de gestión del agua y abordar los desafíos del agua transfronteriza.
En ese marco, la diputada María Cristina Vargas encabezó el Foro “La urgente necesidad de establecer en la Constitución las reservas hídricas como asunto de seguridad nacional, a fin de analizar el caso de la reserva de Tlazala del municipio de Isidro Fabela”, y la propuesta de reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esta oportunidad, el doctor en recursos naturales Víctor Ávila Akerberg, señaló cuatro puntos primordiales por los cuales las reservas hídricas deben determinarse como cuestión de seguridad: la estabilidad económica, la que la escasez de agua amenaza la productividad agrícola, la producción industrial y la generación de energía, lo que genera inestabilidad económica y posibles trastornos socioeconómicos.
De igual forma, el rubro de salud pública en materia del acceso inadecuado al agua potable; la sostenibilidad ambiental debido al agotamiento de las reservas de agua que exacerba la degradación ambiental y las implicaciones geopolíticas, que consisten en la competencia por los recursos hídricos que puede intensificar las tensiones entre naciones.
Es imperante detener la tala ilegal e irregular en los bosques de agua del Estado de México, y para eso se requiere una medida integral: revisión de permisos, participación comunitaria y conciencia ambiental.
Por último, la diputada exhortó a la Comisión Nacional Forestal, así como a la Protectora de Bosques del Estado de México que revisen todos los trámites relativos a aprovechamientos forestales; “pues podría resultar que por aplicar los derechos de aprovechamiento en actos simulados se acaba impactando el medio ambiente”.
Con información de la Cámara de Diputados
