México.- La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM) plantea considerar como amenazas a la seguridad nacional todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio, en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado mexicano.
A través de la iniciativa que adiciona la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, propone establecer este tipo de delitos como una amenaza, porque se trata de un ilícito con orígenes y alcances no solo nacionales, sino internacionales, y cuyos daños son incuantificables.
Indica que con esta reforma se reconoce la gravedad del problema y se garantiza la atención multiinstitucional y multifactorial que se necesita, para que verdaderamente y de manera efectiva y pronta, se pueda hacerle frente, mediante la atención, prevención, identificación, denuncia y sanción, de todas las instituciones relacionadas con la seguridad pública.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, al momento de incluir la ciberseguridad como tarea de seguridad nacional, el tema será objeto de atención del Consejo de Seguridad Nacional que, como señala el ordenamiento citado, se encarga de garantizar y asumir la materia.
Hernández Guerrero menciona que los ciberdelitos han crecido debido a los adelantos tecnológicos, y los mismos no atienden exclusividad de edad o género, ni tampoco condición social o estatus público o privado. “Es tan grande su prevalencia hoy, que hace parecer que se trata de un delito cobijado por la invisibilidad, o bien, por la impunidad”.
Según información del Buró Federal de Investigaciones, México fue uno de los países con más ataques cibernéticos durante 2020, ocupando el 9º lugar de esa lista, lo que revela no solo la gravedad, sino la impunidad que goza.
Expone que la población ha sido víctima de un sinfín de delitos cibernéticos, pues en 2020 tanto empresas como personas “fuimos presa de una diversidad de estafas y extorsiones”, dado que la mayor cantidad de dinero robado fue por medio de correos electrónicos empresariales falsos, esquemas de romance y confianza, y fraude de inversiones.
Respecto a los delitos por Internet y conforme a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre enero y mayo de 2021, se registró un alza de al menos 89 por ciento en fraudes cibernéticos en el país respecto a 2020. Además, se cometieron a inicios de 2021, un promedio de 463 fraudes cibernéticos en operaciones por comercio electrónico y banca móvil cada hora.
Indica que, en lo que respecta a las instituciones públicas en materia de ciberseguridad, el tema es lamentable y sumamente grave y preocupante. Conforme a un sitio especializado, entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, al menos cinco instituciones federales fueron hackeadas y sus archivos vulnerados.
La diputada Hernández Guerrero relata que es muy amplio el catálogo de delitos que se derivan por cuestiones de ciberseguridad, pues van desde ciberacoso, hasta trata de personas, sustracción y robo de menores de edad. “Eso nos hace ver que estamos ante un delito tan grave, que incluso atenta en contra de la seguridad nacional”.
Aunado a ello, México, tiene una penetración tecnológica constante y creciente, ya que el uso del internet alcanza a 59.8 por ciento de la población, lo que equivale a 65 millones de usuarios, al que los mexicanos dedican siete horas y 14 minutos y, de acuerdo con el Inegi, 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años demandan tecnología.
Por ello, añade, es urgente atender este delito, dado que se estima que hay más de 104 millones de líneas de celular, y existe una dependencia tecnológica en comunicaciones a nivel gobierno y empresarial, los sistemas financieros corren sobre plataformas tecnológicas de información que si bien son robustas pudieran ser vulnerables, y el sistema de energía eléctrica, agua, gas y petróleo tiene un componente tecnológico importante para operar.
“Estamos ante un delito y un grave problema en materia de seguridad, que cada vez está afectando a más personas en el país y nos está exponiendo a diversos y muy graves delitos que perjudican no solo en lo patrimonial, sino atentan en contra de nuestra libertad, integridad e incluso la vida”, concluye.
Con información de la Cámara de Diputados
