La Cámara de Diputados aprobó, con cambios, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona el Código Penal Federal y adiciona la Ley General de Salud, a fin de tipificar y sancionar penalmente los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
El dictamen, avalado en lo general por 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, y en lo particular por 275 en pro, 102 en contra y 30 abstenciones, fue devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Señala que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
Las sanciones se aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos: relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.
En los dos primeros casos, agrega, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.
Indica que, para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación aplicable. En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.
Se adiciona un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud para establecer que las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal y además serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.
El dictamen, aprobado en lo general, adicionó al Código Penal Federal el Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Título Octavo, en el cual se reformó el artículo 209 Ter y se adicionó el artículo 209 Quater, mientras que a la Ley General de Salud se reformó el artículo 465 Bis.
En lo particular, se aprobó una reserva conjunta de las diputadas Elizabeth Pérez Valdez (PRD) y Salma Luévano Luna (Morena), y del diputado José Juan Barrientos Maya (PRD), para que el artículo 209 Ter del Código Penal no se modifique y en su lugar se adicione el 209 Quintus, y para que en la Ley General de Salud el precepto 465 Bis tampoco se reforme, y en su lugar se adicione el 465 Ter.
También en lo particular fue avalado eliminar del dictamen que “en caso de reincidencia se impondrá como pena la prohibición definitiva del ejercicio profesional correspondiente, debiendo cancelarse el registro de la cédula profesional respectiva”.
