Raúl Flores Martínez.
Las leyes en México siempre han sido manipuladas y puestas a disposición de aquellos que tienen dinero, eso siempre se ha dicho, ahora estamos a punto de ver como se puede intentar matar a alguien y con el manejo de las leyes hacer que no se tenga una condena ejemplar.
En la actualidad vivimos una espiral de violencia en todo el país, esa violencia que no vive López Obrador y su marioneta Claudia Sheinbaum quienes viven en su país imaginativo del no pasa nada, una fantasía que no todos compartimos.
Las leyes se pueden torcer con la complicidad de las mismas autoridades, esto lo veremos en unos días más cuando posiblemente la FGR accedan a la solicitud del abogado David Hernández que representa a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, “El Bart”, Pool Pedro Gómez Jaramillo, “El Pool”, Juan Antonio Cisneros Morales, “El Dedotes” e Israel Jiménez Ávila, “El Ye-Ye” personajes que atentaron contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva quienes consideraron acogerse al procedimiento abreviado.
Junto con estos estos agresores, también se unieron Aniceto Escárcega y Erick Hazael Ramos, quienes no están acusados por tentativa de homicidio, sino por asociación delictuosa. Y como vimos la semana pasada, un grupo de mujeres fue sentenciada por ese delito y recibió penas menores a los cuatro años, por lo que algunas pidieron el beneficio de conmutar el plazo y poder salir de la cárcel, y lo obtuvieron.
Si la FGR accede a este proceso abreviado los presuntos delincuentes podrían alcanzar una pena que va de los 10 a los 14 años; eso significa que podrían tener una pena menor a la que se debe de considerar que sería más de 20 años de prisión.
Así las leyes en México, unas leyes que se pueden manejar al antojo dejando a un lado el sufrimiento de las víctimas, quienes no tendrán una vida tranquila porqué podrían salir sus posibles asesinos antes de cumplir su condena.
Acaso una persona debe de morir para que las leyes se apliquen de manera contundente, qué es lo que merece la sociedad mexicana que en estos momentos está inmersa en la espiral de la violencia, resulta que ahora por querer matar a alguien se puede negociar su libertad.
Qué hubiera pasado si el periodista y compañero de empresa Ciro Gómez Leyva hubiera muerto, entonces si se hubiera aplicado la ley o simplemente la policía de investigación de la Fiscalía capitalina seguirán investigando sin dar con los responsables.
Hasta cuándo las víctimas podrán acceder a la justicia sin que se le pregunte si quiere o no que sus agresores vayan a prisión, quizá sería el momento justo de que la FGR se aplique y no permita que estos presuntos delincuentes con todo comprobado se queden en prisión por años.
Imagínese si esto le sucede a una figura pública, qué se espera de los ciudadanos que diariamente transitamos por la calle, qué sucedería sin ese acceso a la justicia que tanto se presume que se tiene en México.
