México.- La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) presentó un punto de acuerdo para condenar enérgicamente cualquier actuación judicial que vaya en contra del interés superior de la niñez, en el caso de la sentencia absolutoria emitida por el Poder Judicial del Estado de México a través del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, en favor de Alejandro “N”.
Esto, luego de que presuntamente abusara sexualmente de una menor de cuatro años el 26 de febrero de 2022, en casa de su tío, Alejandro “N”, ubicada en el Estado de México.
En conferencia de prensa acompañada de Victoria Figueiras Trevino, madre de la víctima, de las organizaciones Pacto por la Primera Infancia y World Vision International, así como diputadas de su bancada, exhortó al Poder Judicial del Estado de México, para que, en el desarrollo de las siguientes etapas de impartición de justicia del caso de abuso sexual de la menor de cuatro años, se resuelva con apego al interés superior de la niñez y con perspectiva de género.
Ello, subrayó, considerando el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima, para que de manera pronta y expedita se haga justicia.
La diputada también solicitó al Poder Judicial del Estado de México para que a través de su Consejo de la Judicatura inicie una investigación con relación al desempeño y actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela.
Lo anterior, detalló particularmente en lo que toca a la sentencia en comento, por considerar que presumiblemente dicha sentencia no se apega al interés superior de la niñez, a la perspectiva de género y no toma en cuenta el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de la víctima.
La diputada priista señaló que la sentencia emitida ignora los derechos de niñas y niños consagrados en la Constitución y revictimiza a la menor de edad violando sus derechos humanos.
“Recordemos que todas las autoridades de los tres ámbitos de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de abusos de cualquier tipo, esto no es opcional”, subrayó.
Refirió que las niñas y los niños tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la restitución inmediata de sus garantías. “Es indignante seguir presenciando este tipo de actos”.
Herrera Anzaldo argumentó que en México, de acuerdo con los Registros de Lesiones 2019-2022 de la Secretaría de Salud (Ssa), solamente en 2022 hubo 9 mil 929 casos de abuso infantil y el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
Indicó que a nivel nacional casi uno de cada cinco casos de las víctimas de violencia sexual comunicó que sus violentadores fueron las y los parientes distintos a la madre o padre o padrastro y que el 75.2 por ciento de los casos donde se cometió el delito fue en una vivienda, donde debería estar seguras las niñas.
La madre de la víctima menor, Victoria Figueiras Trevino, dijo que su hija les habló sobre el abuso y lo grabó en video, como evidencia documental; sin embargo, el padre de la menor no quiso denunciar a su hermano Alejandro “N”, además de que le proporcionó un licenciado.
Dijo que le hicieron manipulación desde la carpeta de investigación, después de un año la orden de aprensión salió el 19 de marzo de 2023; y el 22 de marzo de 2023 fue detenido Alejandro “N” y lo vincularon a proceso e 26 de marzo del mismo año. Estuvo ingresado en el penal de Barrientos.
Posteriormente, dijo que la Fiscalía de Género a Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal Central para los Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM y la Ministerio Público, Selene Jiménez solicitaron un cambio de medida cautelar para que pudiera portar un brazalete y llevar su juicio en libertad.
Por lo anterior, pidió que el juicio se lleve de manera justa e imparcial, actualmente, dijo está ingresada la apelación y pidió al Tribunal de alzada que estudien a detalle esta apelación donde viene los agravios de las violaciones de los derechos de la menor.
La representante de las organizaciones World Vision International expresó su indignación relacionada con la decisión del juez Juan Manuel Alejandro Martínez emitiendo un fallo absolutorio para Alejandro “N” por el caso de abuso sexual, en contra de su sobrina de cuatro años. “Lamentamos la no priorización del interés superior de la niñez, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014”.
“El abuso sexual en cualquiera de sus modalidades es una muestra clara de que deben existir mecanismos más fuertes para la protección integral a niñas, niños y adolescentes en México. Adicionalmente, la sensibilización de las personas funcionarias públicas debería priorizarse, ya que brinda herramientas fundamentales para entender los peligros a los cuales están expuestos”, puntualizaron.
Con información de la Cámara de Diputados
